La propuesta busca que la Provincia negocie las deudas de trabajadores estatales con comercios y entidades crediticias, las cancele y luego las cobre en 12 o 18 cuotas sin interés. La medida podría aliviar a miles de familias, pero abre interrogantes sobre el costo fiscal, el riesgo moral y el impacto sobre comerciantes y contribuyentes.
El gobernador Ricardo Quintela puso sobre la mesa una nueva propuesta para intentar aliviar el endeudamiento de los trabajadores públicos provinciales y municipales: que el Estado se haga cargo de sus obligaciones privadas y luego las refinancie directamente con el empleado en cuotas fijas y sin intereses.
Según explicó el mandatario, la Provincia buscaría negociar con los acreedores —entre ellos comercios, casas de electrodomésticos y entidades crediticias— para obtener una quita, cancelar las obligaciones y transformar posteriormente ese pasivo en un crédito estatal de 12 o 18 cuotas.
La intención declarada es social: evitar que el endeudamiento de los trabajadores termine afectando aún más el ingreso familiar.
Pero detrás de la propuesta aparece una discusión mucho más profunda:
¿Debe el Estado utilizar recursos públicos para asumir deudas que originalmente fueron contraídas entre particulares?
EL DEUDOR OBTENDRÍA EL MAYOR BENEFICIO
El mecanismo planteado genera un beneficio financiero evidente para el trabajador que adhiera.
Supongamos una deuda de $2 millones.
Si el Estado consigue una quita y posteriormente le otorga al trabajador un crédito por ese monto a 18 cuotas sin interés, el empleado podría cancelar una obligación que quizás tenía intereses, punitorios o cuotas más costosas y reemplazarla por un compromiso con condiciones mucho más favorables.
En términos financieros, el trabajador obtiene una refinanciación subsidiada.
El problema es determinar quién absorbe ese subsidio.
Si el Estado cobra exactamente el capital desembolsado, pero no cobra intereses, la Provincia renuncia al rendimiento que podría obtener por esos fondos. Si además absorbe parte de la quita negociada con el acreedor o existen incobrables, el costo puede ser todavía mayor.
¿Y QUÉ PASA CON LOS COMERCIANTES?
Este es uno de los puntos más delicados.
El Gobierno sostiene que se sentaría con los acreedores para negociar una reducción de las obligaciones y luego cancelarlas.
Para un comerciante, recibir rápidamente una suma de dinero puede ser positivo porque recupera liquidez y reduce la morosidad.
Pero también existe otra posibilidad:
que el comerciante termine siendo quien financia indirectamente el beneficio al trabajador.
¿Por qué?
Porque si una deuda de $2 millones se negocia por $1,5 millones, el comerciante podría terminar aceptando una pérdida de $500.000 para recuperar rápidamente parte del dinero.
En ese escenario, el trabajador obtiene una quita, refinanciación y tasa cero, mientras que el comerciante absorbe una parte del costo.
Y hay un problema adicional: el pequeño comercio riojano también tiene costos financieros, alquileres, impuestos, salarios, proveedores y reposición de mercadería.
No puede financiar indefinidamente a sus clientes a tasa cero.
La propia Provincia reconoce la importancia del financiamiento para el sector privado: sus programas de crédito para Pymes y comercios contemplan líneas para capital de trabajo, precisamente para afrontar salarios, cargas sociales, aguinaldos, mercadería e insumos.
Por eso, una pregunta fundamental sería:
¿Por qué el Estado puede refinanciar al empleado a tasa cero mientras el comerciante necesita endeudarse a tasas de mercado para mantener abierto su negocio?
¿FAVORECE A LOS DEUDORES EN DESMEDRO DE LOS COMERCIANTES?
En su diseño anunciado, sí existe una asimetría.
El empleado recibe:
✅ refinanciación
✅ cuotas fijas
✅ tasa 0%
✅ posible quita de la deuda
✅ eliminación o reducción de intereses y punitorios
Mientras que el comerciante:
⚠️ puede verse obligado a aceptar una quita
⚠️ recupera capital pero puede perder rentabilidad
⚠️ deja de controlar las condiciones de cobro
⚠️ puede recibir menos de lo originalmente pactado
Sin embargo, no necesariamente significa que el comerciante pierda dinero. Si el Estado paga la totalidad de la deuda negociada y de manera inmediata, el comerciante puede beneficiarse recuperando una cuenta que estaba en mora.
Por eso, el verdadero impacto dependerá de quién absorba las quitas y quién financie el costo financiero de las cuotas sin interés.
