Mientras el gobierno de Ricardo Quintela enfrenta crecientes cuestionamientos por la transparencia en la administración de los recursos públicos, La Libertad Avanza elevó el tono político y prometió que, si llega al poder en La Rioja, una de sus primeras medidas será revisar el patrimonio de quienes hoy ocupan cargos en el Estado.
El mensaje no fue casual ni improvisado. Fue una advertencia directa del titular del PAMI La Rioja, Omar Menem, quien puso sobre la mesa uno de los temas que más incomoda al oficialismo: la obligación de explicar cómo evolucionó el patrimonio de quienes llevan años administrando el Estado provincial.
«Que se empiecen a asustar muchos de los que hoy están en el cargo y que no tienen forma de justificar absolutamente ninguno de sus bienes. Esto no va a quedar impune», afirmó el dirigente libertario.
La declaración marca un cambio de etapa en la oposición riojana. Ya no se limita a cuestionar la gestión económica o el modelo político del quintelismo, sino que anticipa una eventual auditoría patrimonial sobre quienes ejercieron responsabilidades públicas durante los últimos años.
En una provincia donde el Estado concentra buena parte de la economía y donde el oficialismo gobierna desde hace décadas, el debate sobre la transparencia vuelve a instalarse con fuerza. La oposición sostiene que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo evolucionó el patrimonio de los funcionarios y si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y los bienes que poseen.
El planteo de Omar Menem también refleja la estrategia nacional de La Libertad Avanza, que busca diferenciarse del peronismo colocando a la corrupción y al control del gasto público como ejes centrales de su discurso político.
Sin embargo, hasta el momento las declaraciones no fueron acompañadas por denuncias judiciales concretas ni por pruebas presentadas ante los tribunales. Por su parte, el Gobierno de Ricardo Quintela optó por el silencio y evitó responder públicamente a las acusaciones.
A poco más de un año del inicio del calendario electoral provincial, el mensaje libertario parece tener un destinatario claro: un oficialismo que enfrenta un creciente desgaste político y que ahora también deberá responder a una demanda cada vez más presente en la sociedad: la rendición de cuentas de quienes administran los recursos públicos.
