El gobierno de Ricardo Quintela volvió a quedar en el centro de la polémica tras anunciar una ofensiva judicial que no solo busca reabrir el histórico conflicto limítrofe con San Juan, sino también impedir que proyectos mineros accedan a los beneficios del RIGI en la zona en disputa.
El encargado de confirmar la estrategia fue el abogado del Gobierno provincial, Jorge Yoma, quien adelantó que La Rioja presentará una demanda para declarar inconstitucional una norma de 1968 y, además, solicitará una medida cautelar para bloquear incentivos nacionales destinados a inversiones mineras.
La decisión generó cuestionamientos porque podría agregar incertidumbre jurídica sobre proyectos millonarios vinculados a la minería, un sector considerado clave para la generación de empleo, inversiones y desarrollo en el oeste argentino.
Mientras otras provincias compiten por atraer capitales y nuevos emprendimientos, la administración de Quintela vuelve a apostar por la confrontación institucional y judicial, una estrategia que podría desalentar inversiones en una región que necesita crecimiento económico y oportunidades laborales.
El conflicto, que durante décadas fue un diferendo territorial, ahora suma un fuerte componente económico y amenaza con escalar a uno de los mayores litigios entre provincias de los últimos años.
