El abogado sostuvo que parte de la cobertura judicial busca condicionar a la opinión pública mediante relatos parciales, confusión de conceptos legales y la instalación de sospechas antes que informar con rigor.
En un extenso análisis sobre el tratamiento mediático de causas judiciales, el abogado Sergio Gómez advirtió sobre lo que definió como «operetas mediáticas» destinadas a influir en la opinión pública mediante información parcial, exageraciones y el uso incorrecto de conceptos jurídicos.
Gómez expresó su respaldo a su colega Emilio Pagotto, quien fue objeto de diversas publicaciones durante la última semana, y aseguró que el verdadero debate trasciende a una persona en particular. Según afirmó, la preocupación central debe ser la utilización de determinadas estrategias comunicacionales que, lejos de informar, buscan instalar una narrativa previamente construida.
El letrado explicó que estas maniobras suelen comenzar con un dato real, que luego es sacado de contexto, amplificado y presentado con un fuerte componente dramático. A su entender, cuando una noticia judicial se construye de esa manera deja de cumplir una función informativa para convertirse en una herramienta de presión sobre la opinión pública.
Durante su exposición, Gómez recurrió a conceptos de las teorías de la comunicación para explicar estos mecanismos. Señaló que la denominada agenda setting permite instalar determinados temas como prioritarios en el debate público, mientras que el framing o teoría del encuadre modifica la percepción social según la forma en que se presenta una noticia, aun cuando los hechos sean los mismos.
Otro de los puntos que cuestionó fue la utilización incorrecta de términos jurídicos. Indicó que algunos medios confunden figuras procesales como detención, aprehensión, citación, comparendo o rebeldía, generando una interpretación errónea de los expedientes judiciales y transmitiendo a la ciudadanía una imagen distorsionada del funcionamiento de la Justicia.
En ese sentido, sostuvo que Emilio Pagotto
comparecerá ante la Justicia cuando sea legalmente notificado, conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal, remarcando que el cumplimiento del debido proceso no puede quedar subordinado a la presión mediática ni a interpretaciones ajenas al expediente.
Para Gómez, el problema de fondo no reside en que los medios informen sobre investigaciones judiciales, sino en que algunos lo hagan omitiendo el contexto legal, construyendo sospechas y presentando opiniones como si fueran certezas jurídicas.
Finalmente, el abogado reivindicó el valor de la libertad de prensa dentro de un sistema democrático, aunque advirtió que ese derecho implica una responsabilidad. «Informar exige verificar datos, respetar el contexto y preservar la dignidad de las personas. Cuando se deforman categorías jurídicas para fabricar una per
cepción pública, ya no se está haciendo periodismo: se está operando sobre la sociedad», concluyó.
