La selección de magistrados en La Rioja quedó bajo la lupa. Una acción de amparo presentada ante la Justicia cuestiona el nuevo reglamento del Consejo de la Magistratura y advierte sobre posibles problemas de transparencia, objetividad y control en los concursos para elegir jueces, fiscales y defensores.
La presentación fue realizada por la abogada Eva Maricel Wamba Ortiz contra el Consejo de la Magistratura de La Rioja, organismo presidido por la jueza del Tribunal Superior de Justicia, Ana Karina Becerra.
La demanda apunta contra dos artículos del reglamento aprobado en agosto de 2026 y sostiene que determinadas reglas podrían abrir la puerta a decisiones arbitrarias en un proceso que debería estar basado en el mérito y la idoneidad de los postulantes.
Una entrevista que puede cambiarlo todo
El nuevo reglamento establece que los concursos se califican sobre un total de 100 puntos. La distribución es la siguiente:
- 16 puntos: antecedentes académicos y profesionales.
- 50 puntos: examen escrito.
- 34 puntos: entrevista personal.
El principal cuestionamiento de Wamba Ortiz se concentra en esa última instancia. Según sostiene en su presentación, una entrevista puede tener un peso decisivo en el resultado final sin que existan parámetros de evaluación suficientemente claros, registro audiovisual obligatorio ni mecanismos adecuados para controlar cómo se asignan los puntajes.
El planteo es sencillo de entender: un abogado puede contar con doctorados, maestrías, especializaciones y años de experiencia, obtener una excelente calificación en el examen escrito y, aun así, quedar relegado por una entrevista que representa más de un tercio del puntaje total.
¿Cómo se controla una evaluación que puede definir quién será juez si no se conocen con claridad los criterios utilizados para calificarla?
Esa es una de las preguntas centrales que plantea la demanda.
Sin grabaciones ni explicaciones suficientes
De acuerdo con la presentación judicial, el reglamento no establecería una obligación expresa de grabar y difundir públicamente las entrevistas personales. Tampoco contemplaría, según la crítica de la abogada, una exigencia suficientemente precisa para explicar por qué se asigna determinada puntuación a cada postulante.
Para cualquier ciudadano, el problema puede resumirse así: si un concursante recibe una calificación baja en una instancia decisiva, debería poder conocer las razones y contar con herramientas efectivas para cuestionar esa evaluación.
Sin reglas claras, la transparencia queda debilitada y la sospecha puede terminar ocupando el lugar que debería tener la confianza.
El artículo 91, otro punto de conflicto
La demanda también cuestiona el artículo 91 del reglamento, al considerar que limita las posibilidades de impugnar determinadas decisiones del Consejo de la Magistratura.
Según explicó Wamba Ortiz, el sistema contempla reclamos relacionados con cuestiones formales o materiales, pero no ofrecería mecanismos efectivos para revisar decisiones de fondo vinculadas con exámenes, evaluaciones o entrevistas.
En otras palabras, el planteo advierte que un postulante que considere injusta su calificación podría encontrar serias dificultades para revisar la decisión.
La discusión no es menor. Se trata de concursos destinados a cubrir cargos desde los cuales se decidirá sobre la libertad, los bienes y los derechos de los ciudadanos riojanos.
El problema va más allá de un concurso
El Consejo de la Magistratura tiene una responsabilidad institucional clave: seleccionar a quienes ocuparán cargos fundamentales dentro de la Justicia provincial.
Por eso, sus procedimientos deberían ofrecer garantías de igualdad, transparencia y evaluación basada en la capacidad de los postulantes. No alcanza con que un concurso sea formalmente legal; también debe ser confiable y permitir que sus decisiones puedan ser controladas.
La acción de amparo pone bajo cuestionamiento el reglamento aprobado durante la conducción de Ana Karina Becerra. Será la Justicia la que deberá determinar si los artículos señalados se ajustan a los principios constitucionales y si corresponde modificar o dejar sin efecto sus disposiciones.
Si el planteo prospera, el impacto podría alcanzar a futuros concursos y obligar a revisar aspectos centrales del sistema de selección de magistrados.
La pregunta que queda sobre la mesa
La discusión no se limita a una abogada, un reglamento o una disputa institucional. En el fondo, plantea una cuestión que debería importar a todos los riojanos:
¿Los futuros jueces serán seleccionados por sus méritos, conocimientos y antecedentes, o una entrevista con controles insuficientes podrá inclinar la balanza?
La respuesta ya no depende de los discursos políticos. Ahora deberá surgir de los tribunales.
Porque cuando se pierde la confianza en el modo en que se elige a quienes administran justicia, el problema no queda encerrado en un reglamento: alcanza a todo el sistema judicial.
Nota crada con datos de EL FEDERAL ONLINE.
