El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un capítulo de alta tensión. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, denunció públicamente que un rector percibe un salario de 18 millones de pesos, y acusó a las autoridades académicas de «hipocresía» por reclamar mayor presupuesto en medio del ajuste.
En declaraciones televisivas en A24, Álvarez sostuvo que la protesta universitaria responde a un “retraso salarial que no negamos”, pero que resulta contradictoria frente a los sueldos millonarios de las máximas autoridades. «Los rectores se autoasignan los aumentos, eso es lo que la población no sabe», afirmó.
Aunque evitó dar nombres «por razones de secreto de la información», el funcionario dejó entrever que se refería a la Universidad de Buenos Aires (UBA), principal epicentro del conflicto.
“Golpe de Estado” y fondos millonarios
La acusación no se limitó al terreno salarial. Álvarez fue más allá al advertir que detrás del reclamo existe una «operación para llegar a un golpe de Estado». En paralelo, defendió el rumbo económico del Gobierno y recordó que la UBA recibió recientemente una transferencia de $33.000 millones.
«Mientras todo el sector público tiene los salarios congelados desde que asumimos, los rectores no pueden decir lo mismo», lanzó el subsecretario, endureciendo la ofensiva oficial contra el sistema universitario.
La denuncia generó fuerte repercusión en la comunidad académica, que considera que el señalamiento busca deslegitimar el reclamo presupuestario en un contexto de recortes y creciente malestar en las casas de estudio.
