Chubut hizo historia. Con un 63,6% de apoyo popular, la provincia se convirtió en la primera del país en eliminar los fueros políticos, judiciales y sindicales, a partir de una reforma constitucional aprobada en referéndum el domingo. La medida, impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, redefine el equilibrio institucional en la Argentina y abre un debate de fondo: ¿es el fin de los privilegios o el inicio de un nuevo riesgo para la independencia judicial?
El resultado, avalado por más de 280 mil votantes, elimina los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial, que garantizaban inmunidad de arresto y de proceso penal a funcionarios, legisladores y magistrados. Desde ahora, ningún cargo público o gremial estará protegido por fueros: todos podrán ser investigados o detenidos sin requerir la autorización de otro poder del Estado.
“Decidieron un antes y un después. Más allá de la ideología, el mensaje es claro: no queremos más privilegios”,
celebró Torres tras conocerse los resultados.
El gobernador sostuvo que la reforma representa “una decisión de madurez cívica” y que coloca a Chubut “a la vanguardia de la transparencia institucional”.
“Podemos estar orgullosos —agregó— de ser la primera provincia donde todos somos iguales ante la ley”.
Qué cambia en la práctica
Con la enmienda ya vigente, los funcionarios públicos podrán ser investigados, procesados o detenidos sin pasar por un proceso de desafuero. Esto implica un cambio radical en la estructura de responsabilidades del poder político y judicial, tradicionalmente blindada por mecanismos de inmunidad.
El gobierno provincial argumenta que la reforma “fortalece la confianza ciudadana en las instituciones” y “garantiza la igualdad ante la ley”. Para muchos votantes, la medida simboliza el fin de una cultura política marcada por la impunidad.
Sin embargo, la decisión generó resistencia en el ámbito judicial, donde varios sectores la consideran un retroceso institucional.
Rechazo y advertencias del poder judicial
La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) alertaron que la eliminación de fueros podría debilitar la independencia judicial y abrir la puerta a presiones políticas sobre los jueces.
“La inmunidad no es un privilegio, sino una garantía para que los magistrados puedan actuar sin temor a represalias”, expresó la FAM en un comunicado.
La FLAM, por su parte, advirtió que “debilitar las protecciones judiciales no democratiza, sino que expone a la justicia a interferencias indebidas”.
Incluso la relatora de la ONU para la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, se pronunció antes del referéndum:
“Los jueces deben estar protegidos de influencias indebidas. La inmunidad protege la imparcialidad, no la impunidad”, escribió en sus redes.
Un debate que trasciende fronteras
El caso chubutense ya genera impacto político más allá de la Patagonia. En varias provincias, referentes opositores y oficialistas analizan el modelo como una posible vía de renovación institucional, mientras que expertos en derecho constitucional advierten sobre los riesgos de que la medida derive en un uso político de la justicia.
Lo cierto es que, por primera vez en la historia argentina, una provincia decidió por voto popular borrar de su Constitución la palabra “fuero”.
El desafío que viene será garantizar que la igualdad ante la ley no se transforme en un nuevo frente de tensiones entre el poder político y el judicial.
En Chubut, la gente habló fuerte y claro. Y su mensaje —entre la justicia y la desconfianza— promete resonar en todo el país.
