La provincia de La Rioja enfrenta una de las sentencias más costosas de los últimos años: la Justicia la condenó a abonar más de 7.000 millones de pesos al Golf Club La Rioja Asociación Civil por la ocupación de sus terrenos sin consentimiento ni cumplimiento del debido proceso legal.
El fallo, dictado en agosto de 2025 por la Sala 4 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas (Secretaría “A”), consideró probada la figura de “expropiación indirecta”, ya que el Estado tomó posesión de los inmuebles sin acordar previamente una indemnización ni completar las etapas formales previstas por la ley.
Los montos de la condena
La sentencia establece que la provincia deberá pagar:
-
$6.679.823.921 por el valor de los terrenos, según la valuación realizada en noviembre de 2024.
-
$341.469.100 adicionales por las mejoras existentes en la propiedad.
A esto se sumarán los intereses calculados a la tasa activa del Banco Nación desde la fecha de la valuación, además del pago de las costas judiciales.
El tribunal ordenó que la indemnización se efectúe “en dinero de contado y en un solo pago”, dejando sin margen para fraccionamientos o demoras.
Un litigio que expone responsabilidades
La demanda fue iniciada por el Dr. Miguel A. Jatuff en representación del club, luego de que el gobierno provincial avanzara sobre las tierras mediante la Ley N° 10.379. La Justicia consideró que el accionar estatal violó garantías constitucionales básicas, lo que agravó la situación jurídica y financiera de la provincia.
El fallo cuestiona expresamente la falta de cumplimiento del procedimiento expropiatorio y señala una “desobediencia de las normas constitucionales” por parte del Estado riojano.
Impacto económico y político
La sentencia representa un duro golpe para las arcas provinciales, que deberán afrontar una indemnización millonaria en un contexto de restricciones presupuestarias. Además, abre interrogantes sobre la responsabilidad de los funcionarios que impulsaron y ejecutaron la medida sin respetar los pasos legales.
Con este fallo, el caso se convierte en un precedente relevante sobre los límites del poder estatal en materia de expropiaciones y el costo institucional de actuar al margen de la ley.
