Un escándalo sacude a Tucumán y disparó un debate nacional sobre el rol de la escuela: una docente, Silvia Vera, fue grabada en clase acusando al presidente Javier Milei de pedófilo y asegurando que está “financiado por el narcotráfico, la trata de personas y toda la mafia junta”.
El audio se viralizó y recibió atención inmediata del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, quien remitió una nota formal al Ministerio de Educación de Tucumán solicitando detalles sobre el episodio y las acciones adoptadas para “garantizar una educación plural y libre de adoctrinamiento” .
¿Dónde comienza la línea roja?
La intervención se basa en la Convención de Derechos del Niño y la Ley 26.061, que protegen el derecho de los menores a una educación respetuosa, libre de imposición ideológica. En el audio, la docente no solo habló mal de Milei, sino que difundió acusaciones sin evidencia (“payaso impresentable”, financiamiento narco, pedofilia), defendió a Cristina Kirchner y dio datos falsos sobre los precios de alimentos, mezclado con teorías conspirativas históricamente incorrectas
También instó a los alumnos a rechazar medios como TN, Clarín y La Nación y a consumir información “del mundo” que critica a Milei como “marioneta del poder imperial”
Reacción institucional
El Ministerio de Capital Humano exigió al Ministerio tucumano que informe sobre las medidas tomadas contra la docente y el colegio Nuestra Señora de Fátima. Mientras tanto, la autoridad educativa de Tucumán confirmó que comenzó un sumario y declararon que se trataba de un “hecho inaceptable” .
Una señal preocupante
Este episodio representa algo más que una anécdota: revela hasta qué punto los profesores pueden infiltrar ideología en la escuela, usando aulas para influir creencias sin rigurosidad ni debate.
La intervención del Ministerio de Pettovello está bien y debería replicarse en La Rioja, donde hemos visto casos similares: acosar a funcionarios, coartar la libertad de expresión académica, e imponer visiones partidarias disfrazadas de “verdades científicas” o “justicia social”.
Este caso enseña que:
- La educación plural no admite imposición ideológica ni agravios políticos sin evidencia.
- Los padres y alumnos tienen derecho a la libertad de pensamiento y a espacios educativos neutrales.
- El Estado nacional y provincial debe ser garantes de esa libertad, intervenir cuando se violan derechos.
En La Rioja debemos estar alertas: ni el culto a un líder ni la defensa de una ideología justifican usar el aula para adoctrinar. La educación debe ser imparcial, evidenciable y libre de símbolos políticos, especialmente en niveles obligatorios. Solo así una sociedad se encamina hacia una verdadera libertad de pensamiento.
Por Fernando Barrios – Director de Riojalandia
