Las palabras importan. Y cuando quien habla es un gobernador en ejercicio, importan todavía más. Ricardo Quintela no es un dirigente marginal ni un panelista de televisión. Es el titular del Poder Ejecutivo de La Rioja. Por eso, cuando afirma que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027”, el problema no es retórico: es institucional.
Plantear que un presidente electo democráticamente no debe completar su mandato es, como mínimo, una irresponsabilidad política. Como máximo, una insinuación peligrosa. Más aún cuando se convoca a paros por tiempo indeterminado, movilizaciones masivas y una reacción coordinada junto a la CGT y otros gobernadores para frenar leyes votadas por el Congreso.
La democracia no es selectiva. No funciona solo cuando gobiernan los propios.
La doble vara
Quintela habla de “defender al pueblo” y se llena la boca con la palabra democracia. Pero mientras cuestiona la legitimidad de un presidente elegido por el voto popular, La Rioja atraviesa una crisis estructural que no nació en diciembre pasado.
La provincia sigue en default. Depende crónicamente de fondos nacionales. No logra diversificar su matriz productiva ni generar inversión privada sostenida. El empleo público continúa siendo el gran amortiguador social. ¿Ese es el modelo que hoy se presenta como alternativa moral frente al Gobierno nacional?
Comparar la situación actual con 2001 puede servir como recurso épico, pero también es un guiño inquietante. Argentina ya vivió la inestabilidad institucional, los helicópteros y el “que se vayan todos”. Coquetear con esa narrativa no es liderazgo: es jugar con fuego.
Paro general y presión política
El gobernador propone 24, 48, 72 o 96 horas de paro, incluso por tiempo indeterminado, hasta que se modifique o elimine una ley. Es decir: si el Congreso sanciona algo que no le gusta, la respuesta es paralizar el país hasta torcer la voluntad institucional.
Eso no es diálogo democrático. Es presión corporativa.
Además, promueve intervenir PJ provinciales que no se alineen con la estrategia confrontativa. Habla de un movimiento “nacional” que no tolera disidencias internas. La contradicción es evidente: se exige pluralidad hacia afuera mientras se clausura hacia adentro.
Instigación disfrazada de defensa
Nadie discute el derecho a criticar. Es saludable. Pero insinuar que un gobierno no debe terminar su mandato, mientras se convoca a movilizaciones indefinidas, roza la instigación a una desestabilización política.
Y resulta paradójico que quien se presenta como guardián de la democracia adopte un discurso que tensiona sus límites.
La Rioja necesita gestión, equilibrio fiscal, modernización productiva y menos dependencia estructural. Necesita estadistas, no agitadores. Si el gobernador quiere liderar una alternativa nacional, el primer paso no es desear la caída de otro gobierno, sino demostrar resultados concretos en su propia provincia.
La democracia se defiende respetando las reglas, incluso cuando el resultado electoral no gusta. Todo lo demás es retórica inflamable.
Fernando Barrios – Director de Riojalandia
