Por Redacción Riojalandia
A menos de 90 días para las elecciones provinciales del 26 de octubre, el gobernador Ricardo Quintela decidió mover una ficha clave en su tablero político: anunció un aumento del 16% para los trabajadores estatales, en las categorías más bajas en un intento evidente por recomponer su alicaída imagen pública y frenar el deterioro electoral en dos bastiones claves: Capital y Chilecito.
El anuncio, que incluye una suma fija de $80.000 y un magro 4,5% al básico, fue presentado por el propio gobernador como una “respuesta” a la crisis nacional. Sin embargo, el gesto no escapa a la lectura política: se trata de un parche tardío y oportunista en un contexto marcado por el descontento social, la precariedad laboral y el ajuste silencioso que viene aplicando su propio gobierno.
Mientras la planta estatal provincial sobrevive con salarios básicos que apenas superan los $200.000, y quincenas que no llegan a los $130.000, el oficialismo busca vender esta suba como un acto de justicia social. Pero los números hablan por sí solos: el aumento llega apenas por encima de la inflación mensual, y queda muy por debajo de lo que pagan otras provincias con menores recursos.
“La Rioja recibe más coparticipación per cápita que Santiago del Estero, pero paga peores sueldos. No faltan recursos: sobra despilfarro y mala administración quintelista”, sentenció la concejal del PRO Luciana De León, al comparar los $800.000 iniciales que perciben los estatales santiagueños (más bonos extraordinarios), con los $639.000 promedio que perciben los empleados riojanos.
Campaña encubierta con fondos públicos
En lugar de políticas estructurales que beneficien a los trabajadores de forma sostenible, el quintelismo apuesta a la billetera electoral: bonos temporales, sumas fijas y medidas de alto impacto mediático que no resuelven el drama económico de fondo. El objetivo parece claro: blindar el voto estatal, base fundamental para cualquier intento de continuidad en el poder.
Internamente, el peronismo ya reconoce que enfrenta una elección cuesta arriba, con escenarios desfavorables en departamentos decisivos. La imagen del gobernador cae, el efecto Milei penetra en el electorado joven, y la crisis nacional deslegitima todo el relato oficial sobre “inclusión” y “protección del pueblo”.
Boleta única y cuentas pendientes
A eso se suma la novedad del sistema de boleta única de papel, que pone en jaque la vieja maquinaria electoral basada en el arrastre y la confusión. El nuevo sistema exigirá al votante pensar, elegir y distinguir, lo que podría desarmar el poder territorial construido a base de estructuras prebendarias.
El calendario apura: el 27 de agosto cierra el plazo para inscribir alianzas y el 6 de septiembre se oficializan las listas. En paralelo, crecen las denuncias de desmanejo presupuestario, como el escándalo del transporte escolar en Bajo Hondo, y el default del Bono Verde por U$S 350 millones que sigue sin resolución.
¿El final del ciclo?
En definitiva, el anuncio salarial no es más que una aspirina electoral frente a una fiebre social que no baja. Y aunque el gobierno lo celebre con bombos y platillos, la ciudadanía ya percibe que los tiempos del relato épico quintelista están agotados.
Las urnas de octubre podrían marcar algo más que una elección legislativa: el principio del fin de una forma de gobernar basada en el asistencialismo electoralista, el gasto sin control y la propaganda sin resultados.
