El secuestro de un teléfono utilizado presuntamente por un interno para comunicarse con una mujer investigada por una causa de narcotráfico volvió a poner bajo la lupa el sistema penitenciario riojano y los controles dentro de las cárceles.
La directora del Servicio Penitenciario Provincial, Analía Tello, confirmó que el dispositivo secuestrado durante un allanamiento de la Policía Federal era un teléfono corporativo de uso compartido dentro de un pabellón, autorizado para que los internos mantengan contacto con familiares y abogados.
Sin embargo, el aparato habría sido utilizado para mantener comunicaciones vinculadas a una investigación por el secuestro de 78 kilos de marihuana, dejando al descubierto una preocupante falla en los controles.
Como respuesta al escándalo, Tello anunció que el Servicio Penitenciario eliminará los teléfonos analógicos que aún funcionan en algunos pabellones y que, en adelante, los internos solo podrán comunicarse mediante un sistema de videollamadas supervisadas.
El episodio reabrió el debate sobre los beneficios y controles dentro de las cárceles. Mientras miles de ciudadanos cumplen las leyes, la investigación vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que personas privadas de su libertad puedan utilizar medios de comunicación para, presuntamente, continuar vinculadas a actividades delictivas?
La decisión de modificar el sistema de comunicación llega después del escándalo y no antes, lo que para muchos refleja una reacción tardía frente a un problema que venía siendo advertido desde hace tiempo.
