La política riojana vuelve a mancharse con prácticas que contradicen la letra y el espíritu de la Constitución. Tres diputados provinciales, con dos mandatos consecutivos a cuestas, insisten en candidatearse para un tercer período, desafiando abiertamente la reforma constitucional que limita la reelección a un solo período, es decir, un máximo de ocho años en la banca.
La Unión Cívica Radical (UCR) presentó una impugnación formal ante el Tribunal Electoral, denunciando que lo que estos legisladores pretenden es lisa y llanamente una violación a la Carta Magna provincial. La presentación fue confirmada por el concejal y candidato a diputado, Nazareno Rippa, quien calificó la maniobra como un atropello institucional:
“La Constitución es clara: ningún legislador puede estar más de ocho años en el cargo. Lo que buscan es aferrarse al poder por 12 años seguidos”.
Los tres diputados
Según las listas presentadas por el Partido Justicialista (PJ) para los ocho escaños en juego en el departamento Capital, los tres candidatos que aspiran a un tercer mandato consecutivo son:
- Juan Carlos Santander (cabeza de lista del PJ).
- Lourdes Ortíz.
- Gonzalo Becerra.
Estos nombres forman parte de la boleta del PJ para Capital, y su postulación ha generado controversia porque se interpretan como un intento de reelección indefinida, violando la reforma constitucional reciente.
Las impugnaciones: ¿Por qué y quiénes las presentan?
Las impugnaciones se presentaron el 6-7 de septiembre (justo al cierre de listas) ante el Tribunal Electoral provincial. No son solo internas del PJ, sino de la oposición:
- Impugnadores principales:
- UCR y alianza Somos La Rioja (liderados por el exdiputado Mario «Pibe» Galván y Nadina Reynoso): Alegan violación directa al Artículo 114 de la nueva Constitución (sancionada en julio 2024), que prohíbe la reelección para un tercer período consecutivo. Argumentan que la reforma aplica «inmediatamente» a todos los mandatos en curso, y que permitirlo sería «fraude a la voluntad popular» y un intento de reelección indefinida disfrazada.
- La Libertad Avanza (LLA, libertarios): Apoderados confirmaron que pedirán la descalificación de Santander (y por extensión la lista) si va por el tercero, citando la Constitución nueva como «ley superior» que no admite excepciones. Lo ven como una movida para «frenar» al PJ ante un posible mal resultado en octubre.
- Internas del PJ: Sectores disidentes (Molina, Pérez) no impugnaron formalmente, pero filtraron críticas y listas alternativas (ej. la de Ismael Bordagaray), lo que indirectamente debilita la oficial.
Hasta el 15 de septiembre, hay al menos 5 impugnaciones formales contra la lista del PJ en Capital, centradas en estos tres nombres.
El debate legal: ¿Aplica la nueva Constitución de forma retroactiva?
Este es el núcleo del quilombo. La reforma constitucional de 2024 (aprobada por Convención Constituyente) cambió el Art. 114 de: «reelección indefinida» a «reelección por un solo período consecutivo» (máximo dos seguidos, luego un «descanso» obligatorio).
- Argumento de la oposición (aplicación inmediata):
- La Constitución es la norma suprema y se aplica desde su sanción (julio 2024), sin excepciones para «derechos adquiridos». Citan el principio de «progresividad» en derechos políticos (no se puede retroceder en límites a la reelección). Referencian fallos de la Corte Suprema (como el de «reforma constitucional en Santa Fe» o casos de paridad de género) donde se priorizó la voluntad reformadora. Si se habilita el tercero, sería «inconstitucional» y pedirían intervención federal.
- Argumento del oficialismo PJ (irretroactividad):
- Invocan el principio de «no retroactividad de la ley» (Art. 7 del Código Civil y Comercial): La reforma no afecta mandatos iniciados antes de 2024. Santander y Ortiz ya cumplieron dos consecutivos pre-reforma, por lo que tienen «derecho adquirido» a un tercero en 2025. Citan fallos CSJN como «Halabi» (sobre derechos electorales) y casos provinciales (ej. Córdoba 2023) donde se protegió la irretroactividad en reelecciones. El gobernador Quintela lo defendió como «defensa de la democracia interna del PJ».
El Tribunal Electoral (controlado por el oficialismo, pero con jueces independientes) debe resolver en 10-15 días. Si rechaza las impugnaciones, la lista va; si las acepta, podrían bajar a los tres y rearmar (lo que generaría más caos interno).
