Mientras el Gobierno de Javier Milei asegura haber otorgado la totalidad de los fondos solicitados y un incremento histórico en el presupuesto universitario, la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió paralizar todas sus actividades este martes y bloquear incluso su campus virtual, dejando a miles de estudiantes sin clases y a una semana de los exámenes finales.
Según datos oficiales, desde diciembre de 2023 los gastos de funcionamiento de las universidades públicas crecieron un 345%, lo que permitió garantizar el desarrollo pleno de las instituciones. En el caso de la UBA, el Ejecutivo nacional transfirió $33.000 millones, es decir, el 100% de lo requerido.
En paralelo, entre septiembre y noviembre los docentes y no docentes percibirán un aumento salarial del 7,5%, acompañado de sumas fijas extraordinarias. Desde enero de 2024, los incrementos acumulados ya alcanzan el 111%, por encima del promedio del resto del sector público.
El contraste con el kirchnerismo
La reacción de la UBA contrasta con el silencio que mantuvo durante la gestión anterior. En 2023, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, aplicó un recorte de $70.000 millones en educación, sin que la casa de estudios impulsara protestas de esta magnitud.
Este doble estándar evidencia que la medida adoptada ahora responde más a un posicionamiento político que a un problema presupuestario real.
Un paro que castiga a los estudiantes
Lo más cuestionado del paro es el bloqueo del campus virtual, una decisión que afectó directamente a los alumnos, quienes no pudieron acceder a materiales de estudio ni continuar sus clases online. Para los estudiantes, el costo de esta pulseada política es enorme: pérdida de contenidos, atraso académico y mayor incertidumbre en plena etapa de exámenes.
En este contexto, el paro de la UBA deja más interrogantes que certezas: ¿se trata de un reclamo genuino por la educación pública o de una estrategia política para erosionar al Gobierno nacional?
