La tensión política sumó un capítulo explosivo. En el canal A24 calificaron de “golpistas” las recientes declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y anticiparon que un grupo de abogados presentará una denuncia penal en su contra en las próximas horas.
El cruce se dio durante un pase televisivo encabezado por el periodista Eduardo Feinmann, junto a Héctor Rossi. Allí se analizaron los dichos del mandatario riojano, quien advirtió que, de continuar el rumbo económico actual, el país podría llegar a 2027 “totalmente destruido” y puso en duda que el presidente Javier Milei complete su mandato.
En el estudio no hubo matices: las expresiones fueron interpretadas como un intento de desestabilización institucional. El abogado Gabriel Iezzi afirmó al aire que varios letrados avanzarán con una presentación judicial y deslizó que incluso algún fiscal podría actuar de oficio ante lo que consideran manifestaciones de gravedad institucional.
El eje del conflicto
Las críticas apuntaron especialmente a los tramos en los que Quintela llamó a una reacción política y sindical frente a las reformas nacionales y calificó la situación social como un “genocidio”. Además, en el programa se recordó la polémica alusión a los “helicópteros”, una referencia inevitable a las crisis que terminaron con presidentes dejando la Casa Rosada antes de tiempo.
El audio fue reproducido en dos oportunidades, acompañado por imágenes de la senadora Florencia López, incluyendo su tenso cruce en el Congreso con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Más tarde, en diálogo con el senador Luis Juez, las palabras fueron todavía más duras: “Son intolerantes”, disparó el legislador, sumando leña al fuego.
Clima en ebullición
El episodio profundiza la grieta entre el oficialismo nacional y sectores del peronismo del interior. Mientras desde el Gobierno interpretan las declaraciones como un mensaje desestabilizador, en el entorno del gobernador sostienen que se trató de una advertencia política frente a la crisis económica.
La discusión ya no es solo retórica. Si la denuncia penal se concreta, el conflicto escalará al plano judicial y podría abrir un frente institucional de alto voltaje en pleno año legislativo.
La política argentina vuelve a jugar con fuego. Y cuando el lenguaje se radicaliza, las consecuencias rara vez son menores.
Fernando Barrios – Director de Riojalandia
