Un informe reciente de la Secretaría de Hacienda dejó en evidencia la fragilidad de las cuentas públicas riojanas: el 86% de los ingresos de la provincia provienen de la Nación. Este nivel de dependencia fiscal coloca a La Rioja en el podio de las provincias más dependientes del país, solo detrás de Formosa, que recibe el 84% de sus recursos de origen nacional.
En otras palabras, de cada diez pesos que ingresan a la caja provincial, casi nueve llegan desde Buenos Aires. La recaudación propia apenas representa una porción marginal, lo que refleja un modelo económico incapaz de generar ingresos genuinos y atrapado en la lógica del subsidio permanente.
El contraste con otras jurisdicciones es elocuente: mientras la Ciudad de Buenos Aires solo depende en un 10% de los fondos nacionales, Neuquén en un 15% y Chubut en un 34%, La Rioja se ubica en el extremo opuesto, mostrando el fracaso de un esquema que, lejos de diversificar su economía, la hunde cada vez más en la dependencia.
El gobierno de Ricardo Quintela insiste en reclamar transferencias al Ejecutivo nacional, pero no ha mostrado voluntad ni capacidad para construir una estructura económica sólida. No hay incentivos reales a la producción, la industria está estancada, y la provincia sigue sin aprovechar su potencial turístico, minero y agrícola.
La “autonomía provincial” que declama el quintelismo se desvanece frente a la evidencia: La Rioja no podría sostenerse un mes sin el auxilio de la Nación. El discurso federalista choca de lleno con una realidad que desnuda a un gobierno sin estrategia de desarrollo, que administra pobreza y que perpetúa un modelo clientelar basado en el empleo público y la dependencia absoluta de los giros nacionales.
Mientras en el resto del país algunas provincias buscan alternativas para financiarse, La Rioja sigue atrapada en el círculo vicioso del asistencialismo estatal, un camino que compromete no solo su presente sino también su futuro.
