El diputado Diego Molina Gómez (La Libertad Avanza) expuso cifras oficiales del Presupuesto Abierto que contradicen el discurso del Gobierno provincial sobre el recorte de fondos alimentarios. La caída real es menor al 1% y los giros nacionales se mantienen activos.
El relato de la emergencia alimentaria que sostiene el Gobierno de La Rioja empezó a mostrar grietas difíciles de tapar. En medio del enfrentamiento político entre el quintelismo y la Casa Rosada, el diputado provincial Diego Molina Gómez (LLA) presentó un informe basado en datos oficiales que pone en duda uno de los ejes discursivos más sensibles del oficialismo: la supuesta interrupción de fondos nacionales para los comedores escolares.
Con números del Presupuesto Abierto sobre la mesa, el legislador libertario fue directo: “Nación no dejó de enviar recursos para los niños más necesitados”. La afirmación choca de frente con la narrativa provincial que habla de “motosierra”, asfixia financiera y abandono deliberado por parte del gobierno de Javier Milei.
Cuando los datos contradicen el discurso
El informe detalla la evolución de los giros nacionales destinados a comedores escolares desde 2020 hasta la actualidad. Lejos de una caída abrupta, las cifras muestran un incremento nominal contundente. En 2023, La Rioja recibió $599.145.750. En 2024, el monto ascendió a $1.797.441.910. Y en lo que va de 2025, ya se registraron transferencias por $2.324.250.000.
El quintelismo suele responder a estos números con un argumento técnico: la inflación. Pero incluso en ese terreno, Molina Gómez asegura que el relato oficial no cierra. Según su análisis, la caída interanual en términos reales fue de apenas -0,27% en 2024 y -0,93% en 2025. En criollo: no hubo un recorte significativo que justifique el tono de catástrofe instalado desde la Casa de las Tejas.
Emergencia discursiva, no financiera
La difusión de estos datos golpea de lleno la estrategia política del gobierno provincial, que viene utilizando la supuesta falta de fondos nacionales para justificar medidas de alto impacto como la emisión de cuasimonedas, nuevos impuestos y presentaciones judiciales contra la Nación.
El cuadro presentado por el diputado de LLA también deja otro dato incómodo: la irregularidad en los envíos no es nueva ni exclusiva de la actual gestión nacional. Hubo intermitencias incluso durante el gobierno de Alberto Fernández. La diferencia es que en 2025 se registraron transferencias fuertes en meses clave como abril, junio y septiembre, con desembolsos cercanos a los 774 millones de pesos por tramo.
“Los datos son públicos y la fuente es el propio Ministerio de Economía”, subrayó Molina Gómez, desafiando al oficialismo a discutir con cifras y no con consignas. El mensaje político es claro: si los fondos llegaron, la discusión ya no pasa por Nación, sino por cómo y dónde se administraron en la provincia.
Una gestión cada vez más expuesta
La polémica vuelve a dejar al quintelismo ante una disyuntiva incómoda: sostener un relato de abandono que los números desmienten o explicar por qué, con más de $2.300 millones girados para comedores, la situación alimentaria sigue siendo presentada como una emergencia estructural.
En tiempos donde los datos circulan y se chequean en segundos, el margen para construir épica sobre planillas contables es cada vez más chico. Y esta vez, los números no juegan a favor del Gobierno provincial.
