Por Fernando Barrios – Riojalandia
La discusión pasó a primer plano en junio y julio de 2025. El Congreso sancionó un incremento del 7,2% en los haberes jubilatorios y elevó el bono mínimo de $70.000 a $110.000. Sin embargo, el presidente Javier Milei anunció que vetará esta ley argumentando que “atenta contra el equilibrio fiscal”. Para entender por qué el gobierno nacional rechaza el aumento, es clave analizar el contexto real en provincias como La Rioja: la mayoría de sus empleados son estatales, muchos haberes se pagaron “en negro” y esos aportes no quedaron registrados para la jubilación. A continuación se detalla este escenario con datos provinciales y nacionales.
Contexto local en La Rioja: empleo público y “quincenita”
- Mucho empleo estatal. La Rioja es una de las provincias más dependientes del sector público: funciona con al menos 38 empresas estatales y es la segunda del país en proporción de trabajadores públicos versus privados. En ese esquema el salario estatal suele complementarse con conceptos extra no remunerativos.
- Jubilación mínima. La provincia complementa los haberes nacionales con un pago extra conocido como “quincenita”-
- El resultado es que el haber mínimo riojano promedio ronda $480.820 mensuales, un 35% por encima del mínimo nacional. Esto es posible porque cada mes se agrega una ‘quincena’ de $125.000 (en algunos sectores como Salud o Seguridad puede ser más alta). En conjunto, unos 9.000 jubilados provinciales reciben este plus EN NEGRO.
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Igual persiste la pobreza. A pesar de ese complemento, $480.820 queda apenas por encima de la línea de indigencia para una familia tipo y muy lejos de cubrir la canasta básica total (que supera el millón de pesos). Es decir, la “ayuda” provincial es insuficiente.
Estos datos ilustran la realidad local: en La Rioja la carga salarial del Estado es alta . Ahora bien, ese dinero extra pagado bajo la mesa es justamente la raíz del problema previsional.
El problema de los aportes “en negro”
- Aumentos no aportados. Gran parte de las remuneraciones que los estatales recibían (como esa “quincenita” mensual) se otorgaron como no remunerativas. En la práctica ello significa que no se liquidaban contribuciones previsionales sobre ese monto. Como explica Andrea Juárez, directora de ANSES La Rioja, esos pagos “en negro” “no generan aportes ni se reflejan en el haber” jubilatorio.
- Consecuencia: jubilación mínima. El resultado es que muchos empleados provinciales, pese a haber ganado más que el sueldo mínimo durante su vida laboral, ven reconocidos para la jubilación solo los aportes efectivamente registrados. La mayoría de los jubilados estatales termina cobrando únicamente el haber mínimo, aun cuando su salario en actividad era superior. Juárez lo resume: “Lo que parece un beneficio hoy, mañana se convierte en una condena para el jubilado”. Cada aporte que no se hace termina condenando al futuro jubilado a un ingreso “miserable”.
- Responsabilidad provincial. En este punto radica la verdadera fuente del desfasaje: son los gobiernos provinciales quienes no registraron esas mejoras salariales. La Nación no ingresó ese dinero extra al sistema previsional porque técnicamente no existió como aporte oficial. En otras palabras, si se cobra en negro hoy, no hay aporte mañana.
En resumen, la verdadera razón por la que tantos jubilados provinciales reciben el haber mínimo es que sus provincias pagaban sueldos inflados informalmente y no enviaron esas contribuciones al sistema. Como recuerda Juárez: “Cada aporte que no se realiza hoy, es una jubilación miserable mañana”.
El aumento aprobado por el Congreso
En este contexto, el Senado convirtió en ley un paquete presentado por los gobernadores opositores. La norma establece un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones (regímenes generales) y eleva el bono jubilatorio de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación. Además se restituye por dos años la moratoria previsional, permitiendo comprar años faltantes. La aprobación fue unánime (52 votos afirmativos).
La oposición lo promociona como una medida de apoyo a los jubilados de menores ingresos. Sin embargo, desde el oficialismo advierten que ese gasto extraordinario no estaba contemplado en el presupuesto nacional. En la Casa Rosada apuntan que, de otorgar ese aumento, la Nación debería financiar en la práctica contribuciones que nunca recibieron, asumiendo deudas provinciales.
Postura oficial: equilibrio fiscal y responsabilidad provincial
El gobierno de Javier Milei ha sido categórico: el aumento sancionado será vetado. En su discurso en la Bolsa de Comercio, el Presidente afirmó que “vamos a vetar las leyes que atentan contra el equilibrio fiscal”. Milei subrayó que su política de superávit fiscal es permanente y que no puede ceder ante un gasto imprevisto. En sus palabras: “Todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar”, advirtiendo además que si fuese necesario llevará el caso a la Justicia.
Según el gobierno, el incremento aprobado implicaría:
- Mayor gasto público: un desembolso extra para el Estado nacional que no estaba presupuestado.
- Déficit fiscal aumentado: rompería con la meta de superávit que se viene cumpliendo desde la estabilización económica.
- Aportes no declarados: exigiría al Tesoro asumir aportaciones provinciales no realizadas legalmente, lo cual consideran una carga injusta para el conjunto de los argentinos.
En síntesis, Caputo y demás funcionarios resaltan que “el equilibrio fiscal es lo que da estabilidad y previsibilidad, y no se negocia”. Para el oficialismo, conceder este aumento equivale a aprobar un gasto populista que compromete la recuperación económica y premia malos manejos de las provincias.
LA VERDADERA CAUSA
La versión oficial señala que el problema fue gestado en las provincias, no en la Nación. A los jubilados se les ajusta el haber porque sus aportes estuvieron inflados “EN NEGRO”, no porque el gobierno nacional quisiera recortarlos. Culpar al Presidente Milei por la situación previsional provincial es, en los hechos, una maniobra política. Como advirtió la ANSES de La Rioja, se debe cambiar la “cultura” de pagar en negro; de lo contrario cada irregularidad terminará en una jubilación insuficiente.
En definitiva, la pelea por el bono de $110.000 y el aumento de 7,2% expone un conflicto de responsabilidades: corresponde a cada provincia garantizar el correcto registro de aportes de sus trabajadores. El gobierno nacional, por su parte, sostiene que no puede financiar con recursos nacionales las falencias ajenas. La oposición intenta convertir el caso en un voto útil, pero la evidencia sugiere que el ajuste presupuestario fue consecuencia del desorden provincial. Como concluye la directiva de ANSES local: “Cada aporte que no se realiza hoy, es una jubilación miserable mañana”. En ese espíritu, rechazar un aumento que no resuelve la raíz del problema es defender la disciplina fiscal y exigir transparencia a las administraciones provinciales.
Fuentes: Informes periodísticos y declaraciones oficiales recientes.
