Un informe reciente reveló que el gobierno de Ricardo Quintela sostiene en La Rioja un sistema impositivo que penaliza directamente a los consumidores de medicamentos, aplicando el cuestionado esquema en cascada de Ingresos Brutos en cada etapa de la cadena farmacéutica.
El análisis, elaborado por el Centro de Economía Política de la Universidad Nacional de La Plata (CEFIP), detalla cómo la provincia aplica tres alícuotas que se suman de manera acumulativa:
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1,5% en laboratorio (producción),
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4% en droguerías (distribución, el tramo más oneroso),
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3% en farmacias (venta al público).
Este mecanismo provoca un efecto de “impuesto sobre impuesto”, que termina encareciendo los precios finales de los medicamentos, trasladando la carga fiscal a los pacientes.
Un esquema que castiga la salud
En un contexto donde la inflación ya golpea fuerte al poder adquisitivo de los hogares, el modelo tributario riojano se convierte en un factor adicional que dificulta el acceso a tratamientos y medicamentos esenciales.
Lejos de buscar alternativas que alivien a los sectores más vulnerables, la administración quintelista opta por sostener un sistema recaudatorio que prioriza la caja del Estado por encima de la salud de los riojanos.
Una de las alícuotas más altas del país
La tasa del 4% aplicada a las droguerías es una de las más elevadas en Argentina, comparable con provincias como Neuquén y Salta, lo que demuestra que La Rioja compite en los primeros lugares de presión fiscal en un sector tan sensible como el farmacéutico.
El efecto acumulativo implica que, a medida que el medicamento avanza en la cadena de comercialización, el precio se va inflando artificialmente con cada nuevo impuesto. Al final, el consumidor paga más caro un producto que ya está encarecido por la inflación y la devaluación.
Críticas al modelo quintelista
Especialistas advierten que este esquema no solo fomenta la ineficiencia y la distorsión de precios, sino que también demuestra la falta de políticas de alivio en sectores estratégicos como la salud.
En lugar de generar incentivos para abaratar el acceso a los medicamentos, el gobierno de Quintela mantiene un esquema que profundiza la desigualdad y perjudica, sobre todo, a quienes más dependen de tratamientos crónicos: jubilados, pensionados y familias de bajos recursos.
La Rioja recauda sobre la salud de sus habitantes. Con un “impuesto sobre impuesto” aplicado a los medicamentos, el gobierno provincial exhibe un modelo fiscal que prioriza la caja política y somete a los riojanos a pagar más por su derecho a cuidarse.
