A través de la promulgación de la Ley 10.895, el Gobierno provincial ratificó los sueldos vigentes desde julio, dejando al descubierto una brecha abismal entre las cúpulas políticas —con un básico para el gobernador superior a los $1,2 millones— y los agentes estatales del escalafón general.
La publicación en el Boletín Oficial de la Ley 10.895, que ratifica el decreto con las escalas salariales vigentes desde el 1 de julio, dejó en evidencia la estructura de ingresos dentro de la Administración Pública de La Rioja. Los datos oficiales exponen con crudeza la marcada distancia económica que separa a las autoridades superiores de los trabajadores estatales de base.
De acuerdo con la normativa, el salario básico fijado para el gobernador de la provincia alcanza los $1.010.523,63. En la misma línea, un ministro percibe un básico de $923.494,26, los secretarios de Estado cuentan con una base de $803.080,25 y los subsecretarios perciben $682.195,06.
En la vereda opuesta, los trabajadores agrupados en el escalafón general sufren básicos paupérrimos que apenas parten desde los $186.472,18 para la categoría 6 y llegan a los $216.842,07 en la categoría 24. Si bien estos montos no reflejan el salario final de bolsillo debido a la adición de sumas fijas y antigüedad, la estructura nominal del básico confirma el peso de una pirámide salarial sumamente desigual. Como paliativo ante la crisis, la norma estableció un adicional remunerativo no bonificable de $60.000 para provinciales y municipales, sumando montos específicos de $40.000 para Salud, Tribunal de Cuentas y áreas críticas, y de $20.000 para el personal civil de Policía y Servicio Penitenciario.
La provincia de La Rioja arrastra un desorden fiscal histórico y una alta dependencia de los recursos discrecionales y la emisión cuasimonetaria, lo que condiciona de manera permanente las negociaciones paritarias. En un contexto inflacionario donde los ingresos fijos pierden poder adquisitivo mes a mes, los empleados estatales locales se ven obligados a sobrevivir con sueldos básicos desactualizados, mientras el gasto político y la estructura jerárquica provincial se blindan con remuneraciones de privilegio.
La oficialización de estas escalas salariales desnuda las prioridades de la gestión provincial conducida por el oficialismo local. Mientras a nivel nacional se impulsa un saneamiento de las cuentas públicas, el equilibrio fiscal genuino y la reducción de privilegios de la casta política, la administración riojana persiste en sostener un modelo hiperestatizado que ahoga los salarios de los trabajadores esenciales —docentes, enfermeros, policías y administrativos— mientras mantiene sueldos de elite para la cúpula de funcionarios. La profundización de esta brecha demuestra la falta de austeridad y la incapacidad de la política provincial para generar empleo genuino en el sector privado, utilizando el empleo público como variable de contención a cambio de ingresos magros.
La publicación de los números oficiales no hace más que ratificar el malestar de los agentes estatales frente a un esquema de ingresos que castiga el esfuerzo diario, evidenciando la urgente necesidad de una reestructuración profunda que priorice el trabajo real por sobre el sostenimiento de la superestructura política.
