A pesar de recibir cifras multimillonarias de coparticipación federal, la administración riojana profundiza un modelo de ahogo salarial y desinversión, manteniendo a los trabajadores en la indigencia mientras las grandes obras públicas siguen abandonadas.
Durante una reciente emisión del programa radial conducido por Adriana Bertuzzi y Daniel Godoy, se puso sobre la mesa la compleja realidad financiera que atraviesa la provincia de La Rioja, desnudando el abismo entre los multimillonarios fondos que ingresan mensualmente de la Nación y la precaria situación económica en la que se encuentran los empleados estatales y los servicios básicos locales.
El debate giró en torno a los montos colosales que percibe la provincia en concepto de coparticipación federal, cifras que bordean los 100 millones de dólares mensuales. Sin embargo, al contrastar estos ingresos con las escalas salariales oficiales —donde los básicos del escalafón general apenas parten desde los $186.472— queda en evidencia que los sueldos no acompañan el proceso inflacionario. Asimismo, se cuestionó fuertemente el estado de abandono de obras estructurales largamente prometidas, como la red de gas para Chilecito y diversos proyectos hídricos que llevan años paralizados a pesar de contar con el financiamiento correspondiente.
La provincia de La Rioja mantiene una histórica dependencia de los recursos discrecionales y automáticos girados por el Estado Nacional. A lo largo de las últimas décadas, la falta de una matriz productiva propia y la sobredimensionada estructura de empleo estatal convirtieron a la administración pública en la única vía de subsistencia económica para gran parte de la población, relegando la inversión privada y profundizando el déficit fiscal.
La discrepancia entre los recursos disponibles y la calidad de vida de los riojanos expone las fallas estructurales de la política local. Mientras el Gobierno nacional impulsa el orden fiscal, la transparencia y la eliminación de intermediarios ineficientes, la gestión provincial continúa administrando los fondos públicos bajo lógicas discrecionales que benefician a la superestructura política pero dejan a la deriva a los municipios, a los hospitales sin insumos y a los trabajadores con ingresos licuados. La narrativa de culpar sistemáticamente a la Nación por la falta de fondos choca contra la contundencia de los números reales de coparticipación, evidenciando problemas de gestión, prioridades desacertadas y una marcada falta de austeridad.
La discusión pública instalada en los medios locales marca la urgencia de un cambio profundo en la administración de los recursos provinciales, exigiendo mayor rendición de cuentas y un replanteo absoluto de las prioridades para que el dinero público deje de sostener privilegios y comience a traducirse en desarrollo genuino para todos los riojanos.
