La Rioja enfrenta una crisis que se agrava día a día: la falta de agua potable. En pleno mes de septiembre, vecinos del centro capitalino denunciaron haber estado más de 12 horas sin servicio, una situación que genera indignación y expone la falta de compromiso del gobierno provincial y de la empresa Aguas Riojanas para garantizar un suministro esencial.
La contradicción es evidente. El gobierno de Ricardo Quintela celebró con bombos y platillos la incorporación del “derecho al agua” en la nueva Constitución provincial, pero ese derecho sigue siendo letra muerta para miles de riojanos que abren la canilla y no encuentran ni una gota.
El malestar ciudadano se potencia con las sospechas de desvíos de caudales hacia fincas de empresarios y políticos ligados al poder, mientras los barrios padecen cortes prolongados. Una vez más, la prioridad parece estar en proteger intereses privados antes que asegurar un servicio básico para la población.
El gerente general de Aguas Riojanas, Roberto Valle, admitió en declaraciones públicas que “va a ser un verano complicado” y justificó la situación en la falta de lluvias y en la escasez de recursos hídricos. Sin embargo, sus palabras contrastan con la ausencia de obras estructurales y de un plan serio de abastecimiento. Los anuncios de nuevas perforaciones y arreglos parciales apenas maquillan una crisis que ya afecta a miles de hogares.
Los vecinos, cansados de promesas vacías, exigen lo que les corresponde: un servicio digno y la inversión en infraestructura que nunca llega. Mientras tanto, el gobierno provincial se escuda en discursos y diagnósticos, pero sigue sin garantizar lo más elemental: agua para la gente.
Con un verano que se anticipa “alarmante”, la pregunta se impone: ¿seguirá el gobierno riojano culpando al clima, mientras los riojanos cargan baldes y bidones, o asumirá de una vez por todas su responsabilidad en una crisis que es tan política como hídrica?IMG_7643
