La reciente decisión de la Justicia de frenar la baja de pensiones por discapacidad en La Rioja fue anunciada con euforia por el gobernador Ricardo Quintela en redes sociales. El mandatario se apresuró a atribuirse el logro y a presentarse como el gran defensor de las personas con discapacidad. Sin embargo, detrás del discurso épico, lo cierto es que miles de riojanos en situación de vulnerabilidad siguen padeciendo un Estado provincial que no garantiza derechos básicos ni acompaña con políticas reales de inclusión.
Lejos de resolver los problemas de accesibilidad, empleo, salud y educación que enfrenta diariamente el colectivo de personas con discapacidad, el gobierno provincial se limitó a convertir el tema en un enfrentamiento político con la Casa Rosada. Mientras Quintela acusa al Gobierno nacional de “crueldad” y “ajuste”, en la provincia abundan denuncias por falta de rampas en edificios públicos, escasez de turnos médicos y demoras interminables en la entrega de medicamentos e insumos.
La contradicción es evidente: se habla de “defender la dignidad”, pero esa dignidad no se traduce en obras ni en soluciones concretas. Los anuncios rimbombantes quedan en las redes sociales, mientras las familias siguen golpeando puertas en busca de respuestas.
La medida cautelar de la Justicia riojana, si bien representa un alivio temporal, desnuda también la incapacidad de un gobierno que siempre llega tarde y que, en lugar de trabajar en un plan integral de apoyo a las personas con discapacidad, prefiere montar una puesta en escena para confrontar con Nación.
En definitiva, el gobierno de Quintela utiliza a los más vulnerables como bandera política, pero no les asegura ni siquiera lo mínimo para una vida digna. Una vez más, el relato oficial choca de frente con la realidad riojana.
