La Rioja aplicó uno de los recortes más fuertes del país en empleo estatal durante 2024, pero aun así continúa entre las jurisdicciones con mayor dependencia del sector público. Según un informe reciente de la consultora Raíz Federal, la provincia eliminó el 4,1% de sus puestos laborales estatales este año, una caída que supera ampliamente a distritos como Mendoza (-2,2%) o Chaco (-2,9%). Sin embargo, la estructura provincial sigue sostenida por el Estado: hay 114 empleados públicos cada mil habitantes, una de las tasas más altas del país.
Solo Tierra del Fuego, con 130 empleados estatales por cada mil habitantes, supera a La Rioja. Muy por debajo aparece Catamarca, con 106. La cifra riojana revela una paradoja: el gobierno provincial recorta mientras sigue dependiendo casi exclusivamente del empleo estatal como sostén económico.
Un ajuste que golpea a los trabajadores, no a la estructura
El informe también señala que el gasto en personal cayó un 18,9% en términos reales. Esto implica no solo reducción de la planta, sino pérdida del poder adquisitivo de los salarios de quienes siguen dentro del sistema. El gobierno provincial, lejos de transparentar el impacto social del ajuste, intenta mostrarlo como una medida de austeridad, cuando en realidad recorta sin transformar la matriz económica ni generar alternativas en el sector privado.
El resultado es un doble problema: menos ingresos para los trabajadores y ninguna estrategia de reconversión laboral o productiva. La provincia continúa atrapada en un esquema en el que miles de familias dependen del Estado, mientras se profundiza el ajuste en nombre de la “eficiencia”.
Contrastes y decisiones discutibles
Mientras La Rioja recorta sin plan, otros distritos tomaron decisiones opuestas. Salta incrementó su planta pública en un 12% y Catamarca en un 5,9%. En el otro extremo, Río Negro lidera la reducción con una poda del 10,8%. Solo Neuquén y Santiago del Estero aumentaron el gasto en personal sin sumar nuevos empleados.
En este contexto, la gestión provincial queda expuesta: achica sin crear alternativas, reduce salarios sin mejorar servicios y mantiene un aparato estatal sobredimensionado sin discutir su eficiencia.
El resultado es un ajuste que castiga a los empleados públicos, no a los privilegios políticos, y que no abre caminos para diversificar la economía. Con 114 estatales por cada mil habitantes, La Rioja sigue demostrando que su problema no es solo el gasto, sino la falta de un proyecto que le permita dejar de depender de él.
