La Municipalidad de la capital riojana, bajo la gestión del intendente Armando Molina, volvió a encender la polémica con una medida que muchos consideran impracticable y desconectada de la realidad económica de los vecinos. Ahora, los quinchos con pileta que se alquilen deberán contar con guardavidas habilitados, además de cumplir con una serie de requisitos adicionales que podrían dejar fuera de juego a decenas de pequeños emprendedores.
La directora de Habilitaciones Comerciales, Florencia Cáceres, confirmó que la Municipalidad aplicará nuevas exigencias vinculadas a la seguridad, el control del agua y cuestiones ambientales. La funcionaria sostuvo que el Concejo Deliberante avanza en una nueva normativa con sugerencias de su área, bajo el argumento de la emergencia hídrica.
Entre las condiciones que se controlarán figuran:
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Presencia obligatoria de guardavidas con certificación en salvamento acuático,
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Vallado perimetral en todas las piletas,
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Elementos de rescate y señalización específica,
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Mantenimiento riguroso del agua y criterios de reutilización.
Lejos de interpretarse como una política de prevención razonable, la iniciativa generó críticas por imponer obligaciones que resultan excesivas para propietarios particulares o pequeños emprendimientos familiares. En lugar de acompañar al sector con asistencia o alternativas, la gestión municipal vuelve a recurrir a la receta habitual: más restricciones, más trámites y más costos.
Mientras la Municipalidad reclama responsabilidad ciudadana y pide que los vecinos “exijan la habilitación” antes de alquilar, no se anunció ningún plan para facilitar la adaptación a estas normativas ni se evaluó el impacto económico de implementarlas. Tampoco se aclaró quién fiscalizará, cuántos guardavidas disponibles existen en la provincia ni cómo se cumplirá la medida en barrios y zonas alejadas del centro.
La decisión se suma a una serie de disposiciones controvertidas tomadas por la gestión de Armando Molina, que es cuestionada por priorizar controles burocráticos antes que soluciones reales y sostenibles. Para muchos, más que una política de prevención, la medida parece otro filtro que complica el trabajo de los riojanos que alquilan estos espacios como fuente de ingresos.
