La Rioja vuelve a ser protagonista de un escándalo judicial que desnuda la precariedad institucional de la provincia. La empresa Alpargatas S.A.I.C., dueña de la reconocida marca Topper, inició una acción declarativa de inconstitucionalidad y repetición contra la administración de Ricardo Quintela, en busca de recuperar fondos que considera indebidamente retenidos por el gobierno riojano.
La causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó notificar al gobernador y al fiscal de Estado mediante un exhorto tramitado en el Juzgado Federal de La Rioja (expediente FCB N° 9712/2025). Según la presentación, la normativa provincial que afectó a la empresa representa una violación a principios básicos de la Constitución y a la seguridad jurídica de las inversiones.
El conflicto se arrastra desde 2018 y, tras años de idas y vueltas judiciales, la Corte resolvió darle curso, reconociendo además la solicitud de la empresa de evitar la presentación en papel del voluminoso expediente, que ya supera las 490 fojas. Todo el material se encuentra digitalizado en el sistema judicial nacional.
La situación no es menor: si la Corte falla a favor de Alpargatas, La Rioja deberá devolver importantes sumas de dinero en un momento donde las cuentas públicas provinciales dependen casi exclusivamente de la coparticipación.
Para muchos analistas, este caso refleja la falta de previsibilidad legal y económica que desalienta la inversión privada en la provincia. Mientras Quintela insiste en un relato de “defensa del trabajo y la producción”, su gestión acumula demandas y cuestionamientos que evidencian lo contrario: un esquema de poder arbitrario, con leyes que espantan a las empresas y ponen en riesgo la generación de empleo.
Una vez más, la Justicia nacional se convierte en el contrapeso de una administración provincial señalada por manejar discrecionalmente los recursos y vulnerar derechos básicos.
