La Rioja, 27 de septiembre de 2025 – Un reciente informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, pone en evidencia una realidad alarmante en La Rioja: el 42,3% de los trabajadores se encuentran en situación de informalidad laboral durante el primer trimestre de 2025. Esto implica que más de cuatro de cada diez riojanos laboran sin registro formal, privados de derechos básicos como aportes jubilatorios, obra social, aguinaldo o vacaciones pagas. Aunque esta cifra es ligeramente inferior al promedio nacional del 43,2% registrado en el segundo trimestre del año, la provincia se ubica en un contexto regional preocupante, donde el Noroeste Argentino (NOA), Cuyo y el Nordeste exhiben tasas superiores al 48%, destacando las desigualdades estructurales del norte del país.
El estudio de la UBA subraya que La Rioja supera en informalidad a varias regiones, aunque queda por debajo de aglomerados como Gran Tucumán-Tafí Viejo, con un 44%. Sin embargo, al profundizar en las estadísticas provinciales, surge un panorama más complejo. Según datos del INDEC, La Rioja presenta una tasa de desocupación baja, del 3,8% en el segundo trimestre de 2025, muy por debajo del promedio nacional del 7,6%. En la región NOA, el desempleo es aún menor, con un 4,7%. Esta aparente «estabilidad» en el empleo contrasta con la alta precariedad: mientras el país cuenta con unos 9 millones de trabajadores informales (alrededor del 42% de los ocupados urbanos), provincias como La Rioja, parte del Norte Grande, registran los peores indicadores de calidad laboral, con tasas de informalidad que superan ampliamente el promedio en sectores vulnerables.
Jóvenes y mujeres: los más golpeados por la precariedad
El informe detalla que la informalidad no es uniforme, sino que impacta con mayor crudeza en grupos específicos. En La Rioja, el 63% de los jóvenes entre 16 y 24 años trabajan en negro, casi 21 puntos por encima de la tasa general provincial. Esta cifra es aún más elevada que el promedio nacional para este segmento, donde seis de cada diez jóvenes son informales. En términos de género, las mujeres enfrentan una tasa del 43,2%, dos puntos más alta que la de los hombres (41,1%), lo que refleja brechas persistentes en el acceso a empleos de calidad.
Otro factor clave es el nivel educativo: a menor instrucción, mayor exposición a la informalidad. Los trabajadores con educación media incompleta alcanzan una tasa del 64,6%, mientras que aquellos con estudios universitarios bajan al 17,1%. En el primer trimestre de 2025, la informalidad entre asalariados fue del 36,3% a nivel nacional, pero en provincias como La Rioja, con economías dependientes de sectores primarios y públicos, estos números se agravan. Comparativamente, regiones como el Norte Grande muestran informalidad superior al 45%, con provincias vecinas como Salta o Jujuy exhibiendo patrones similares, donde el empleo informal supera el 50% en algunos casos.
Un mercado laboral distorsionado por el asistencialismo histórico
Estos datos no son aislados, sino el resultado de décadas de políticas provinciales que priorizan el asistencialismo social por sobre la generación de empleo genuino y sostenible. Bajo la gestión del gobernador Ricardo Quintela (PJ), La Rioja continúa con un modelo histórico de dependencia del Estado, donde el sector público absorbe gran parte de la mano de obra, pero sin fomentar inversiones privadas que creen puestos de trabajo estables. Programas como el Plan Integral de Apoyo a la Reactivación (PIAR), presentado en junio de 2025 para «consolidar empresas» y generar empleo, suenan prometedores en el discurso oficial, pero en la práctica se limitan a inyecciones temporales de fondos que no resuelven la raíz del problema: la falta de diversificación económica y la precariedad estructural.
Críticos del gobierno provincial, como sectores opositores y analistas independientes, señalan que Quintela ha profundizado el «asistencialismo peronista» heredado de administraciones anteriores, con medidas como la emisión de bonos cuasimoneda («Chachos») para asistir al turismo y otros sectores, o la provisión de asistencia legal para beneficiarios de pensiones por discapacidad. Si bien el gobernador ha declarado intenciones de «eliminar planes sociales mediante capacitación laboral» y generar 1.200 puestos con radicación de empresas, la realidad muestra un estancamiento: el empleo registrado privado ha caído a nivel nacional en 108.053 puestos desde fines de 2024, y en La Rioja, la industria local se debilita por el «abandono nacional», según el propio Quintela, quien culpa al gobierno central sin asumir responsabilidades locales.
Este enfoque ha generado conflictos laborales, como los descuentos a docentes en huelga y la declaración de «esencialidad» para limitar protestas, o tensiones por distribución de fondos que escalan en tomas y suspensiones de servicios. En lugar de invertir en educación y formación para reducir la informalidad ligada a bajos niveles educativos, el gobierno opta por paliativos que mantienen a la población en una red de dependencia, perpetuando un ciclo de pobreza laboral. Como señala el informe de la UBA, en un contexto donde la informalidad nacional creció 1,6 puntos interanuales desde 2024, La Rioja necesita urgentemente políticas que prioricen la creación de fuentes de trabajo reales, no meras asistencias que disfrazan la inacción estructural.
Expertos coinciden en que, sin un viraje hacia la atracción de inversiones privadas y la mejora de la competitividad regional, La Rioja seguirá atrapada en esta dinámica. La baja desocupación es un espejismo: oculta una economía sustentada en el Estado, donde el empleo informal es la norma y los derechos laborales, la excepción. El gobierno provincial tiene la oportunidad de romper con este legado asistencialista, pero hasta ahora, las estadísticas hablan por sí solas.
