Por el corresponsal de Riojalandia en Buenos Aires
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires amaneció este miércoles 25 de junio con una noticia que sacude al país: la Justicia federal inició el remate de bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, tras vencerse el plazo legal de 10 días para que la expresidenta —ya condenada en la causa Vialidad— devolviera el dinero robado al Estado.
Se trata de 26 bienes, entre propiedades, vehículos y cuentas que forman parte del decomiso patrimonial derivado de la sentencia por corrupción en la obra pública durante sus mandatos. El total estimado del patrimonio a liquidar asciende a unos 500 millones de dólares, una cifra tan obscena como simbólica en un país sumido en crisis.
De Puerto Madero a El Calafate: el mapa del saqueo
En esta primera etapa del proceso judicial, se subastarán inmuebles ubicados en Puerto Madero, Recoleta, El Calafate, y también propiedades rurales en Santa Cruz. Figuran también cocheras, hoteles, estancias, autos de alta gama y bienes registrados a nombre de Los Sauces S.A., la firma inmobiliaria de la familia Kirchner. Incluso se incluye el departamento donde Cristina reside en la actualidad bajo prisión domiciliaria.
Uno de los focos está puesto en los USD 5,6 millones hallados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner, cuya procedencia sigue bajo investigación. Todo forma parte del conglomerado familiar apuntado por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta del erario público.
Avanza también sobre Lázaro Báez
El operativo judicial no solo afecta a la exmandataria. La Justicia también avanza sobre los bienes del empresario Lázaro Báez, condenado como socio en la trama. Su nombre aparece vinculado a 132 inmuebles en Santa Cruz, 37 en Capital Federal y estancias como Cruz Aike o Río Olnie, donde incluso hubo excavaciones en el pasado en busca de dinero enterrado.
Justicia tardía, pero necesaria
El fiscal Diego Luciani, que llevó adelante la acusación, fue claro: «Los fondos desviados pudieron haberse destinado a salud, educación o rutas», recordando que esta subasta busca recuperar parte de lo que el Estado perdió y sentar un precedente en materia de lucha contra la corrupción estructural.
Desde la redacción de Riojalandia en Capital, el contraste es brutal: mientras en provincias como La Rioja seguimos peleando por rutas asfaltadas, conectividad escolar o guardias médicas equipadas, el Estado intenta ahora recuperar lo que la corrupción estructural nos robó.
El remate está en marcha. Tarde, pero firme. La pregunta que muchos se hacen es: ¿será suficiente o recién empieza el verdadero juicio de la historia?
