Mientras el gobernador Ricardo Quintela insiste en que La Rioja fue “despojada” de un punto de coparticipación por decisión de la Nación, un documento oficial de archivo deja al descubierto una verdad incómoda: la provincia aceptó voluntariamente, sin objeciones ni reservas, el régimen de reparto que hoy cuestiona.
Se trata de la Ley Provincial N° 5.054, sancionada el 4 de agosto de 1988, mediante la cual La Rioja adhirió de forma plena a la Ley Nacional N° 23.548, base del sistema de coparticipación vigente hasta la actualidad.
El dato clave: aceptación total y sin reclamos
El texto de la norma es explícito y no deja margen a interpretaciones políticas posteriores. En su Artículo 1°, la ley establece de manera textual:
“Acéptase sin limitaciones ni reservas lo establecido por la Ley Nacional N° 23.548 de fecha 07 de Enero de 1988”.
La frase “sin limitaciones ni reservas” es lapidaria. Significa que La Rioja no objetó el reparto, no exigió compensaciones, ni dejó constancia de perjuicio alguno al momento de adherir al régimen fiscal nacional.
Lejos del relato actual, la provincia validó el sistema en su totalidad, incluyendo las condiciones y obligaciones impuestas por la Nación para acceder a la masa coparticipable.
No fue una imposición: fue una decisión política
Otro punto que desmonta el discurso victimista es el origen de la norma. El propio documento aclara que se trató de un:
“Proyecto presentado por el EJECUTIVO PROVINCIAL”.
Es decir, no fue una ley impuesta, ni una cesión forzada, ni una claudicación ante Buenos Aires. Fue una decisión política del gobierno riojano de 1988, enviada por el Ejecutivo y aprobada por la Legislatura provincial.
La ley fue promulgada, archivada y aplicada sin objeciones, convirtiéndose en el antecedente jurídico directo que ató las finanzas riojanas al régimen que hoy el peronismo provincial dice desconocer.
Relato actual vs. archivo histórico
El contraste es evidente. Mientras Quintela habla de “deuda histórica” y “derechos vulnerados”, el archivo demuestra que La Rioja aceptó el esquema fiscal de manera voluntaria y explícita.
Esto no invalida el debate sobre una nueva ley de coparticipación —una deuda real de la política argentina—, pero sí desarma el argumento de que la provincia fue engañada o despojada unilateralmente.
La discusión, entonces, deja de ser jurídica y pasa a ser política: durante décadas, los gobiernos provinciales administraron ese sistema sin cuestionarlo, y hoy, ante la crisis fiscal y el fin de los giros discrecionales, el reclamo reaparece como bandera.
Memoria selectiva
El documento de 1988 no opina, no milita ni hace campaña. Solo muestra lo que pasó. Y lo que pasó es que La Rioja dijo que sí, firmó, aceptó y avanzó.
El problema no es el archivo.
El problema es seguir mintiendo sobre la historia para tapar el presente.
