El Concejo Deliberante de la Capital riojana fue escenario de una sesión clave que expuso una disputa de fondo: quién controla la tierra pública y con qué límites. La oposición logró frenar el intento del oficialismo de otorgarle al intendente Armando Molina poderes extraordinarios para vender, ceder o privatizar tierras municipales casi sin control institucional.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo municipal para reformar el marco legal del Banco de Tierras Municipal, no alcanzó la mayoría calificada necesaria y quedó bloqueada, pese al acompañamiento del bloque oficialista y de la concejal Karina Martínez.
Un poder inédito sobre el patrimonio público
El proyecto rechazado habilitaba al intendente a vender, adjudicar, prestar, escriturar, subastar, intercambiar y cambiar el uso de terrenos municipales mediante la figura del “Convenio Urbanístico”, una herramienta amplia y poco precisa que dejaba las decisiones clave en manos exclusivas del Ejecutivo.
Entre los puntos más cuestionados, la propuesta abría la puerta a intervenir espacios verdes, plazas barriales y corredores ambientales, permitiendo destinar hasta un 30% de ciertas plazas a actividades comerciales privadas, sin mecanismos claros de participación vecinal ni controles externos efectivos.
La oposición habló de “riesgo institucional”
Los concejales Luciana de León, Yiyi Ceballos, Carlos Roncoroni, Nazareno Rippa, Aníbal Olivera y Ángel Ávila coincidieron en rechazar el proyecto por considerarlo un “cheque en blanco” que ponía en riesgo el recurso más sensible del municipio: la tierra.
Según advirtieron, la iniciativa concentraba atribuciones que podían habilitar decisiones discrecionales, negociaciones políticas opacas y usos arbitrarios del suelo urbano, sin el contrapeso del Concejo Deliberante.
Artículos polémicos y controles inexistentes
El Artículo 9°, eje del rechazo, permitía al municipio disponer de terrenos “en venta, comodato, subasta o cualquier otra forma” para proyectos definidos por el propio Ejecutivo, incluyendo el cambio de destino de lotes y la intervención de espacios comunitarios y ambientales.
El Artículo 10° agravaba el problema al establecer un sistema de adjudicación donde la verificación, tasación y control quedaban en manos del mismo Ejecutivo, sin auditorías independientes ni mecanismos de supervisión real.
Para la oposición, el esquema propuesto configuraba una “inmobiliaria municipal paralela”, manejada desde el despacho del intendente y blindada de controles políticos e institucionales.
Un oficialismo sin respuestas
Aunque el oficialismo defendió la iniciativa argumentando que buscaba “ordenar el territorio”, nunca respondió de manera concreta a las críticas sobre la concentración inédita de poder que pretendía otorgar al Ejecutivo.
La sesión también dejó al descubierto fisuras internas: concejales que habían acompañado el dictamen en comisión retiraron su apoyo en el recinto, impidiendo que la ordenanza avanzara.
La tierra, en el centro del conflicto
El debate dejó una señal clara: la disputa por la tierra pública ya no es técnica, es política. Y en un contexto de crisis, desconfianza y falta de transparencia, el intento de ampliar facultades sin control encendió todas las alarmas.
Por ahora, el freno está puesto. Pero la discusión sobre cómo y para quién se administra el suelo urbano promete volver al centro de la agenda municipal.
