El gobierno de Ricardo Quintela volvió a patear el tablero político y jurídico en plena disputa con Nación. Esta vez, la pelea es por ladrillos: unas 300 viviendas del Procrear que quedaron a mitad de camino tras la disolución del fideicomiso nacional. La Rioja decidió avanzar por cuenta propia y recuperar los terrenos para terminar las viviendas, aun sabiendo que la jugada puede terminar en un juicio que dejará secuelas en el bolsillo provincial.
El conflicto nació con la Ley 10.808, aprobada por la Legislatura riojana, que revocó la cesión de tierras que la provincia había entregado hace años al Procrear. Con esa movida, Quintela pretende retomar la posesión del predio y finalizar las obras con fondos provinciales, un desafío directo al plan del gobierno de Javier Milei, que busca subastar todas las obras con más del 90% de avance.
El oficialismo asegura que en La Rioja el avance es apenas del 35% al 40%, por lo que el Ejecutivo nacional no tendría fundamento para incluir esas viviendas en la lista de activos liquidables.
La oposición marca la cancha
Pero desde la Cámara de Diputados salió la advertencia más fuerte. La legisladora Gabriela Rodríguez denunció que la maniobra provincial ignora una verdad jurídica básica: la Nación puso el dinero para construir.
“Acá no estamos discutiendo un lote vacío. Si alguien construyó sobre ese terreno, esa obra no le pertenece a la provincia. La plata la puso la Nación”, apuntó Rodríguez, que presentó pedidos de informe y anticipó un conflicto judicial “casi inevitable”.
Para la oposición, la Ley 10.808 es un atropello jurídico: un convenio nacional no puede deshacerse por una ley provincial, menos aún cuando implica millones de pesos invertidos por otro Estado. “Vamos directo a una demanda millonaria”, insistió Rodríguez.
Diferencias sospechosas en los números
Mientras la provincia sostiene que las viviendas están en torno al 40% de avance, desde la oposición rescatan informes previos que ubicaban las obras cerca del 80% e incluso 90%, especialmente en la zona suroeste de la capital. La diferencia no es menor: si supera el 90%, Milei puede subastarlas ya mismo.
La pregunta que muchos se hacen es incómoda:
¿La provincia sinceró el avance real o lo “rebajó” para justificar la recuperación del predio?
La gente, atrapada en el medio
Como siempre, el costo político lo pagan los ciudadanos. Las familias que esperaban su casa hoy están en un limbo total: no saben si inscribirse en una subasta nacional o esperar una adjudicación provincial que tampoco tiene reglas claras. La inseguridad jurídica crece tanto como la desconfianza.
Una pulseada que puede salir carísima
En su intento por frenar la “motosierra inmobiliaria” de Milei, Quintela abrió un frente que puede terminar en una guerra judicial larga, cara y desgastante. Si Nación reclama cada ladrillo que pagó, La Rioja podría enfrentar un juicio multimillonario que superará, por lejos, el valor de las tierras que intenta “recuperar”.
La interna política ya está desatada. Lo que falta saber es quién va a pagar la factura: la provincia, la Nación… o, como siempre, los riojanos.
