Un conflicto explosivo sacude al Hospital Enrique Vera Barros y deja al desnudo un combo de precarización, negocios privados y decisiones oficiales que abren más preguntas que respuestas. El gremio de seguridad privada UPSRA denunció que 54 vigiladores —con una antigüedad promedio de una década— fueron notificados de su despido a partir del 1° de diciembre, tras la llegada de una nueva empresa contratada por el Estado.
Según el sindicato, el hospital habilitó el ingreso de Omega, una firma tucumana que ganó una licitación de $400 millones mensuales y que, para tomar al personal actual, exige una condición inadmisible: que renuncien a la empresa Prevenir para volver a ingresar “desde cero”, perdiendo así toda antigüedad e indemnización acumulada.
“Una maniobra para ahorrarse millones”
Leo Nieto Vera, referente gremial, fue contundente:
“Les piden renunciar en masa para contratarlos a foja cero. Quieren borrar un derecho adquirido para que la empresa vieja no pague indemnización y la nueva no reconozca antigüedad”.
El cálculo es brutal: cada trabajadora y trabajador debería recibir en promedio $20 millones por indemnización. El sindicato sostiene que tanto Prevenir como Omega buscan eludir ese costo con la complicidad del Estado provincial.
UPSRA apunta directamente contra el director del nosocomio, Gabriel Goitea, acusado de avalar una licitación “viciada de nulidad”. Denuncian que el llamado se publicó en el Boletín Oficial con fechas vencidas, lo que podría invalidar todo el proceso. Para el gremio, se trata de un “negocio entre empresas” disfrazado de recambio administrativo.
Sueldos por el piso y contratos millonarios
El conflicto también expuso la brecha salarial que padecen los vigiladores. Mientras el convenio nacional marca un sueldo base de $1.480.000, en el Vera Barros estarían cobrando apenas $850.000, un 60% del salario que realmente corresponde.
“Las empresas pasan facturas por 200 millones, se quedan con la ganancia y pagan sueldos de miseria”, denunció Nieto Vera.
“No van a entrar”
El gremio anticipó que resistirá los despidos y bloqueará el ingreso de Omega al hospital.
“No vamos a dejar entrar a la nueva empresa. Los verdaderos dueños del servicio son los trabajadores”, advirtió el dirigente.
Mientras la salud pública intenta sostenerse en pie, el conflicto promete escalar y abrir un nuevo capítulo de tensión entre el sector privado, el Estado y los trabajadores que llevan años cuidando uno de los hospitales más importantes de la provincia.
