A una semana de su relanzamiento, el 80% de los comercios ya acepta el bono provincial. Mientras el Gobierno inyecta $4.000 millones, los pequeños negocios advierten sobre los riesgos de liquidez.
Los Chachos están de vuelta. Apenas siete días después de su reaparición, el bono provincial ya se convirtió en el protagonista de las transacciones en La Rioja. Según datos del Centro Comercial e Industrial, ocho de cada diez negocios locales ya aceptan el papel moneda riojano, que se concentra mayoritariamente en la compra de alimentos y el pago de deudas básicas.
La Provincia puso en circulación 50.000 bonos destinados a unos 80.000 trabajadores y beneficiarios del sector público, inyectando unos $4.000 millones en la economía local. La estrategia es clara: forzar un circuito de consumo cerrado. Al no ser aceptados por grandes plataformas digitales ni por muchas cadenas nacionales, el dinero queda atrapado dentro de las fronteras provinciales.
Juan Keulyan, presidente del Centro Comercial, confirmó que 1.422 establecimientos ya están integrados al esquema. Algunos comerciantes, desesperados por captar estos recursos, ofrecen descuentos de hasta el 10% para quienes paguen con la moneda local. Sin embargo, el entusiasmo tiene un límite: la realidad de los pequeños negocios que necesitan reponer mercadería fuera de la provincia y se encuentran con un bono que no tiene validez nacional.
El efecto real en las ventas sigue siendo una incógnita. Keulyan anticipó que el impacto concreto recién podrá medirse entre fines de septiembre y principios de octubre. Por ahora, el Chacho funciona como un parche de emergencia para el bolsillo de las familias y un salvavidas para el comercio de proximidad, pero el costo de este experimento y su capacidad para generar consumo genuino siguen bajo la lupa.
La historia reciente no es alentadora. En 2024, bajo la ley 10.703, se autorizó una emisión de $22.500 millones, de los cuales circularon poco más de $12.285 millones. Si bien el Gobierno asegura que el 96% fue rescatado anticipadamente, la nueva edición bajo la ley 10.850 llega en un contexto de mayor fragilidad económica. La prueba de fuego será ver qué tan rápido regresan estos bonos a las arcas provinciales y cuánto terminará costando este alivio artificial a las arcas del Estado.
