El presidente Javier Milei presentó ante la Justicia una querella por calumnias e injurias contra cuatro periodistas, entre ellos Jorge Rial y Fabián Doman, tras hablar sobre su vida privada en un programa stream. La demanda incluye también a Julia Mengolini, Mauro Federico y otros comunicadores, destacando la agresiva ofensiva del mandatario contra los medios críticos de su gestión.
En su denuncia, Milei sostiene que los periodistas afectaron su honor y vulneraron su intimidad, exigiendo a la Fiscalía investigar y aplicar una condena penal. Se amparó en el Código Penal (arts. 109–110) para reclamar indemnizaciones y sanciones.
Reacciones y contraataque
Fabián Doman, uno de los señalados, calificó la querella de “absurdo” y aseguró que “…mover el aparato del Estado para denunciar a civiles… me parece de hacerle perder tiempo a la justicia.”
Jorge Rial, por su parte, se burló en su programa en C5N, diciendo: “Entré en el círculo de los demandados por el presidente”, y cuestionó que Milei pierda tiempo en denuncias en lugar de enfocarse en las necesidades urgentes del país: “…está preocupado por esto cuando hay families que no llegan a fin de mes.”
Pero que no se equivoque nadie: detrás de la retórica punitiva, se esconde un objetivo más profundo: cortar los vínculos de la prensa con el financiamiento estatal kirchnerista, y desmantelar una estructura de medios que funcionó como auxiliar del poder. Esta batalla pone el foco en dos ideales en tensión: el honor presidencial —que también merece ser resguardado— frente a la libertad irrestricta del periodismo, condición esencial para la transparencia pública. El desafío que viene no es solo legal: es cultural y democrático.
