“No podemos seguir trabajando para que un grupo minúsculo se beneficie”.
La frase fue pronunciada por Ricardo Quintela en medio de su discurso.
Pero en La Rioja, las palabras del gobernador abrieron otra discusión mucho más incómoda: ¿quiénes son realmente los privilegiados del sistema político riojano?
Porque mientras el mandatario denuncia beneficios concentrados, lleva más de cuatro décadas viviendo exclusivamente del Estado, sin antecedentes laborales conocidos en el sector privado y con un patrimonio que continúa bajo secreto administrativo.
Y muchos familiares trabajando dentro del gobierno provincial: entre 30 y 35 familiares, incluyendo hijos, sobrinos, cuñados, allegados y familiares políticos, ubicados en empresas estatales, secretarías, subsecretarías, áreas de comunicación, energía, ambiente y hasta espacios vinculados al Poder Judicial.
Quintela inició su carrera política en 1983 dentro de la Juventud Peronista y desde 1985 jamás abandonó la función pública. Fue funcionario provincial, diputado, intendente durante tres mandatos consecutivos y gobernador desde 2019, reelegido hasta 2027.
En paralelo, nunca terminó la carrera de abogacía y actualmente cursa Contador Público en la Universidad Siglo 21, aunque hasta mayo de 2026 no existe registro público de graduación.
Sin embargo, el punto más sensible no pasa por los títulos académicos, sino por la transparencia.
La declaración jurada patrimonial del gobernador sigue sin ser pública. La Rioja mantiene el cuestionado sistema de presentación “a sobre cerrado” ante la Escribanía General de Gobierno, mecanismo legal pero duramente criticado por organismos de transparencia.
En otras palabras: los riojanos no pueden saber oficialmente cuáles son los bienes, propiedades, cuentas o evolución patrimonial del hombre que gobierna la provincia hace siete años y que vive de cargos públicos hace más de cuarenta.
La paradoja política es brutal.
Mientras el discurso oficial apunta contra “los grupos privilegiados”, la provincia mantiene uno de los sistemas menos transparentes del país respecto al patrimonio de sus funcionarios. Y mientras se habla de distribución y justicia social, La Rioja sigue dependiendo fuertemente de fondos nacionales para sostener su estructura estatal.
El problema no es solamente económico. También es simbólico.
Porque cuando un dirigente acumula décadas de poder, controla estructuras políticas, maneja recursos públicos y al mismo tiempo mantiene blindada su información patrimonial, la narrativa de “luchar contra los privilegios” empieza a entrar en zona de contradicción.
En la calle, muchos riojanos ya resumen el debate con una frase mucho más simple:
“Siempre gobiernan los mismos, pero nunca sabemos cuánto tienen”.
Bruno Salvatierra – Especial para Riojalandia
