El gobierno de Ricardo Quintela encontró en el Plan Angelelli una herramienta perfecta para manejar fondos millonarios sin controles, sin licitaciones y fuera de los estándares básicos de transparencia. Lo que nació como una política de vivienda para sectores vulnerables terminó convertido en un circuito de contratación directa que concentra recursos públicos en pocas manos y sin rendición de cuentas.
La provincia sancionó en diciembre de 2023 la Ley 10.695, que creó un “régimen especial” para ejecutar obras de construcción, reparación y mejora de viviendas. Ese régimen permite eludir las licitaciones públicas bajo el argumento de la “urgencia social” y abrió la puerta a adjudicaciones directas para empresas cercanas al poder. El mecanismo se ejecuta a través de la Unidad Ejecutora Provincial y depende directamente del Ejecutivo.
Contratos millonarios sin compulsa ni control
El caso de las viviendas de Patquía dañadas por el temporal de febrero es solo un ejemplo: el propio Quintela confirmó que la obra fue asignada a una empresa riojana sin licitación, lo que implica recursos públicos entregados bajo criterios discrecionales. No se conocen los montos, los plazos, los pliegos ni los mecanismos de control de calidad de las obras.
Las empresas beneficiadas tampoco están obligadas a competir, presentar antecedentes ni garantizar precios razonables. Todo queda bajo un paraguas legal diseñado para evitar el escrutinio.
Una ley hecha a medida para la discrecionalidad
El Artículo 13 del Plan Angelelli establece condiciones sobre el uso de las viviendas —como la prohibición de transferirlas durante 30 años y el derecho de preferencia para el Estado—, pero no exige auditorías, evaluaciones técnicas ni controles presupuestarios. Además, los gastos se imputan a las partidas “que determine el Ejecutivo”, lo que implica un cheque en blanco con recursos provinciales.
No hay regulación sobre cómo se asignan las obras, cuánto se paga, quién supervisa o cómo se rinden los fondos. Todo queda en manos de la administración quintelista.
Promesas sociales, negocios privados
El relato oficial habla de “inclusión sociourbana” y “déficit habitacional”, pero el diseño institucional del plan replica patrones típicos del asistencialismo clientelar: entrega de viviendas con fines electorales, contratos direccionados, empresas amigas y ausencia de organismos de control. Incluso el discurso de “generar empleo local” sirve como cobertura para justificar la selección a dedo de contratistas.
En un contexto de ajuste, caída salarial y reclamos de transparencia, el Plan Angelelli se convierte en un símbolo de cómo el poder político administra recursos públicos sin control. Lejos de ser una política social sustentable, funciona como un canal paralelo de fondos con lógica de reparto político.
¿Política habitacional o caja paralela?
La pregunta que crece en la provincia es inevitable:
¿el Plan Angelelli está pensado para resolver necesidades reales o es otra herramienta para favorecer aliados, punteros y empresarios cercanos al gobernador?
Mientras miles de familias esperan soluciones concretas, las obras se deciden a puertas cerradas, sin licitación, sin auditorías y sin trazabilidad del dinero. La integración urbana prometida parece más un justificativo discursivo que una política pública transparente.
El quintelismo encontró un nuevo territorio para avanzar con discrecionalidad: viviendas sin licitación, contratos sin competencia y fondos sin control. Una combinación perfecta para que la emergencia social se transforme en negocio político.
