El escándalo por la Ruta Provincial N° 6 vuelve a encender las alarmas en La Rioja. La pavimentación del camino que conduce a una propiedad del gobernador Ricardo Quintela pasó de un presupuesto inicial de $13.532 millones en 2022 a más de $140.000 millones en 2024. En dólares, sigue superando los 104 millones, pero el gasto en pesos se multiplicó por diez sin explicaciones claras.
De Nación a Provincia… y sin controles
La obra comenzó con fondos nacionales, pero tras el freno en los desembolsos del gobierno de Javier Milei, la Provincia decidió continuarla con recursos propios. A partir de ahí, el proyecto quedó envuelto en un manto de opacidad:
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No hubo licitación pública conocida.
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No se publicaron pliegos, contratos ni actualizaciones presupuestarias.
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No existen informes técnicos que expliquen el aumento del 900%.
Un camino “para productores” que llega a la propiedad del gobernador
Desde el gobierno provincial aseguran que la pavimentación beneficiará a pequeños productores de la zona entre El Estanquito y la Ruta Nacional 79. Sin embargo, vecinos, dirigentes opositores y organizaciones civiles apuntan a un dato incómodo: la obra llega hasta un campo vinculado a Quintela.
La baja circulación del tramo y la ausencia de un plan productivo serio refuerzan las sospechas de que se trata de una obra hecha a medida del mandatario.
Un símbolo de la discrecionalidad
Con otras obras frenadas y necesidades urgentes en salud, infraestructura y educación, la continuidad de la Ruta 6 se ha convertido en emblema del gasto sin control. El salto presupuestario —de $13.500 millones a más de $140.000 millones— expone una administración que decide sin rendir cuentas y sin intervención de organismos de control.
Reclamos de transparencia
Distintos sectores exigen que se publiquen los contratos, las modificaciones presupuestarias y los estudios técnicos que justifican los montos. Piden además la intervención de Tribunales de Cuentas y entes nacionales para evitar otro caso de desvío de fondos públicos.
Hoy la Ruta 6 no solo conecta dos puntos geográficos: conecta de lleno las sospechas de corrupción con la oficina del gobernador.
