Por Fernando Barrios – Director de Riojalandia
La Capital amaneció con cortes, tensión y un déjà vu que se repite cada vez que un servicio digital intenta pisar el terreno del transporte tradicional. Esta vez, la mira estuvo sobre Uber Moto. Y la respuesta del Municipio fue fulminante: prohibido. Punto.
La pregunta es inevitable: ¿a quién protege realmente esta decisión?
Porque si la preocupación fuera la seguridad vial, el municipio también debería revisar la enorme cantidad de motos que hoy funcionan como delivery, mensajería y transporte informal desde hace años. Pero no. El problema aparece solo cuando la competencia llega desde una app que la gente ya empezó a elegir.
Ahí está el verdadero nudo del conflicto.
La presión del sindicato de taxis no es menor, y encontrar una solución que no genere un incendio político antes del verano es prioridad para cualquier intendente. Y sí, Molina eligió el camino más rápido: prohibir y prometer una app propia.
Una app municipal… ¿casualidad o estrategia?
Porque si el objetivo es “modernizar el sistema”, ¿por qué no integrar Uber, Cabify, Didi y todas las opciones que ya funcionan en el país?
¿Por qué crear una aplicación estatal que solo habilita taxis, justo cuando Uber Moto arranca a sumar usuarios?
La sospecha cae sola:
¿la nueva app será una herramienta tecnológica o un negocio para los sindicatos y el municipio?
Y hay algo más incómodo todavía.
Se prohíbe Uber Moto, pero no Uber Auto.
¿Será porque muchos taxistas hoy también trabajan en Uber, pero desde el auto?
¿Será que la moto compite más fuerte y más barato?
¿Será que afecta directamente la recaudación del sector tradicional?
La libertad de trabajar, elegir y movernos no puede depender de quién protesta más fuerte ni de quién tiene llegada al despacho municipal.
Porque el ciudadano común queda atrapado en medio de una pelea que no pidió:
ni quiere pagar tarifas inalcanzables,
ni quiere quedar rehén de un sistema rígido que se resiste al cambio,
ni quiere que los servicios digitales se prohíban porque “molestan”.
Lo que está en discusión no es una moto.
Es algo más profundo: ¿el Estado debe regular para ordenar o para bloquear lo que no controla?
Y ahí dejo la pregunta para el lector:
¿Nos están cuidando… o nos están encerrando?
