La Provincia activó la expropiación de Curtume CBR S.A. en Chilecito, fijó una valuación provisoria de más de $60 millones y descontará deudas antes de pagar un peso.
Por FERNANDO BARRIOS – Director de Riojalandia
LA RIOJA.– El Gobierno provincial apretó el acelerador y formalizó el avance sobre los activos de la curtiembre Curtume CBR S.A., ubicada en Chilecito. Con la publicación de un edicto oficial emitido por la Dirección General de Bienes Fiscales, el Estado notificó a la empresa que va por sus inmuebles, maquinarias y vehículos bajo la figura de “toma de posesión de urgencia”.
La jugada se enmarca en la Ley Provincial N° 10.411 y el Decreto 265/2025, impulsado por el Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria que conduce Federico R. Bazán. El argumento oficial: reactivar la planta y reincorporarla al circuito productivo bajo órbita estatal.
La señal política es clara: si el privado no funciona, el Estado interviene.
Qué se expropia
El alcance es amplio y no deja cabos sueltos. La medida incluye:
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Inmuebles con todo lo “clavado y adherido al suelo”.
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Maquinaria industrial.
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Materias primas y productos elaborados.
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Un parque automotor de casi 50 unidades.
En el inventario figuran camiones Scania R 360 y G 360, Mercedes Benz Axor 2035, semirremolques Helvetica y Randon, camionetas Toyota Hilux y hasta una Dodge Journey. También más de veinte autoelevadores Clark, Hyster y Heli, además de tractores y palas mecánicas.
No es una expropiación simbólica. Es una intervención total.
La cifra y la letra chica
El Tribunal de Tasaciones fijó un monto indemnizatorio provisorio de $60.464.844,22. El Ministerio de Hacienda deberá consignar judicialmente esa suma.
Pero atención: el artículo 4 del decreto establece que el monto será compensado con cualquier deuda que la firma mantenga con la Provincia. Es decir, si Curtume CBR S.A. debe impuestos, aportes o créditos, primero se descuenta y después se ve qué queda.
Traducción política: el Estado paga, pero no pierde.
Cuenta regresiva
El edicto firmado el 9 de febrero de 2026 por José Fouad Yoma otorga diez días hábiles para que la empresa:
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Se presente formalmente.
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Manifieste si considera insuficiente la tasación.
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Fije domicilio legal y electrónico.
Si no hay respuesta, la Secretaría de Tierras y la Fiscalía de Estado quedan habilitadas para avanzar de oficio con la toma definitiva.
Reactivación o estatización forzada
El Gobierno habla de “reactivación productiva”. La oposición habla de avance sobre la propiedad privada. En el medio, trabajadores y proveedores esperan certezas.
La pregunta que sobrevuela es inevitable: ¿será esta una recuperación estratégica para sostener empleo en Chilecito o un nuevo experimento estatal con final incierto?
En una provincia con finanzas ajustadas y dependencia estructural del gasto público, cada movimiento pesa. Y esta expropiación no es un gesto menor: es una señal fuerte de cómo se entiende el rol del Estado en la economía.
El tablero se mueve. La empresa tiene diez días. Después, el Estado entra con acta en mano.
