Más de $126 millones por las terminales de Chepes y Chamical están bajo la lupa del máximo tribunal. El Gobierno nacional habla de “enriquecimiento sin causa” y la gestión de Quintela queda en el centro del escándalo.
LA RIOJA.– Mientras el discurso oficial se envuelve en la bandera del federalismo herido, en los pasillos de la Corte Suprema se tramita algo mucho más concreto: dos demandas del Estado Nacional contra la Provincia de La Rioja por fondos millonarios que, según la acusación, no fueron debidamente rendidos.
Los expedientes CSJ 1079/2025 y CSJ 1098/2025 avanzaron en febrero de 2026 y ya están a despacho en la Vocalía N° 3 del máximo tribunal. No es un detalle técnico. Es la antesala de una definición institucional pesada.
La Procuración General ya había dictaminado en 2025 que, al tratarse de un conflicto entre Nación y provincia, la competencia es originaria y exclusiva de la Corte. Traducción: esto no lo resuelve ningún juzgado menor. Es partido grande.
Chepes: $88 millones bajo sospecha
En el caso de la nueva terminal de ómnibus de Chepes, la Nación exige la restitución de $88.526.392,94 más intereses por depreciación. El dinero fue transferido en noviembre de 2021 como primer desembolso para la obra.
La Secretaría de Transporte sostiene que la rendición fue rechazada porque no se acreditó un avance razonable ni un uso eficiente de los fondos.
Es decir: plata enviada, obra que no cerró en papeles.
Chamical: proyecto cambiado y obra inexistente
La segunda causa, por $37.934.203,36, corresponde a la refacción de la terminal de Chamical. Aquí el cuestionamiento es todavía más severo: la provincia habría modificado el proyecto de manera “inconsulta y unilateral”, y en el predio no existiría obra que permita ejecutar lo pactado originalmente.
Si la acusación se confirma, no se trataría solo de desprolijidad administrativa, sino de un desvío conceptual del convenio firmado.
“Enriquecimiento sin causa”
La figura jurídica elegida por la Nación es fuerte: “enriquecimiento sin causa”. Según la demanda, la provincia retuvo fondos sin cumplir las condiciones pactadas, generando un perjuicio económico al Estado nacional.
Antes de judicializar, hubo intimaciones formales para devolver el dinero en cinco días. No hubo restitución. Y la demanda avanzó.
El doble discurso
Aquí es donde el relato político entra en tensión con los expedientes judiciales. El gobernador Ricardo Quintela ha construido su narrativa sobre la base del “ahogo financiero” y la “retención de recursos” por parte de la Nación.
Pero estos casos plantean la pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando los recursos sí se transfieren y luego no se rinden conforme a lo pactado?
El federalismo no es solo reclamar fondos. También es administrarlos con transparencia.
Lo que está en juego
No hablamos de cifras simbólicas. Son más de $126 millones sin contar intereses, en una provincia con severas restricciones fiscales.
Si la Corte falla en contra de La Rioja, el impacto será económico, institucional y político. Porque ya no será debate mediático, sino sentencia judicial.
Mientras tanto, el Gobierno provincial guarda silencio estratégico.
La Corte tiene la palabra. Y los contribuyentes, la memoria.
