viernes, mayo 15, 2026

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Escándalo en las pensiones por invalidez: La Rioja expuesta en la trama de discrecionalidad y clientelismo

Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) volvió a poner bajo la lupa la forma en que el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales —con La Rioja entre ellos— manejan las pensiones por invalidez. Los datos muestran una disparidad insólita en la entrega de estos beneficios, lo que abre la sospecha de uso político y manipulación del sistema de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD).

Números que no cierran

Mientras el promedio nacional se ubica en 25 pensiones cada 1.000 habitantes, provincias como Chaco trepan a cifras récord, con 83 por cada 1.000. Otras jurisdicciones del norte repiten la tendencia: Santiago del Estero (76), Formosa (65) y Misiones (61). En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires apenas registra 8.

La Rioja aparece en la franja media, junto a Salta, Tucumán y Catamarca, con alrededor de 40 pensiones cada 1.000 habitantes, una cifra muy por encima del promedio nacional y que vuelve a poner el foco en las prácticas discrecionales del oficialismo provincial.

Quintelismo bajo sospecha

El informe señala que no existen criterios uniformes para otorgar las pensiones, lo que abre la puerta a arbitrariedades. En este contexto, la administración riojana que responde a Ricardo Quintela no escapa a las críticas: el otorgamiento de pensiones se habría convertido en una herramienta de clientelismo político, más que en un instrumento de justicia social.

Las inconsistencias en la emisión de los CUD refuerzan la sospecha de que el sistema es utilizado para premiar lealtades y sostener estructuras de poder, en lugar de garantizar derechos reales a las personas con discapacidad.

El costo de la discrecionalidad

Detrás de estas maniobras no solo hay un problema de falta de transparencia, sino también una tragedia social: miles de riojanos que realmente necesitan del beneficio enfrentan trabas burocráticas y un sistema saturado por la politización.

La pregunta que queda flotando es clara: ¿hasta cuándo el quintelismo seguirá usando la vulnerabilidad social como moneda de cambio electoral?

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