Un nuevo escándalo golpea al gobierno municipal de La Rioja. El abogado y empresario Alejandro Cruz Antúnez, dueño de la confitería El Ciervo, denunció una persecución política sistemática que lo obligará a cerrar su local pese a haber invertido millones y generado más de 50 puestos de trabajo.
El empresario, que se identifica como libertario, apuntó directamente contra la gestión del intendente Armando Molina, a quien responsabiliza de haber manipulado los permisos comerciales para desplazarlo del mercado gastronómico local.
“Me persiguieron de todas las formas”
Antúnez relató que, pese a tener un contrato de exclusividad por cinco años con el Club Social, el Municipio le revocó los permisos de habilitación hace meses, en una maniobra que calificó como “política y mafiosa”. El espacio que ocupaba fue entregado a otra empresa, lo que, según sus palabras, demuestra la connivencia entre el Municipio y ciertos grupos empresarios afines al poder.
“No se trató de un control administrativo normal: entraron inspectores que revisaron hasta lo más mínimo, con una saña inédita. Fue un hostigamiento planificado desde el primer día”, denunció el abogado.
El peso del aparato municipal
El conflicto escaló cuando la Municipalidad lo intimó a desalojar parte de la vereda en 48 horas. Aunque la Justicia le otorgó una cautelar para proteger sus derechos, Antúnez aseguró que la presión oficial lo llevó a una situación límite.
“Mi negocio va a cerrar porque el Municipio decidió sacarnos del juego. Esta es la realidad: en La Rioja ningún empresario puede invertir si no ‘arregla’ con el Estado. El quintelismo destruye a quienes no se alinean con su poder”, sostuvo.
Una señal de alarma para la inversión privada
El caso de El Ciervo se convirtió en un símbolo de la falta de seguridad jurídica en la capital riojana. En lugar de fomentar la actividad privada, la gestión de Molina —respaldada por Ricardo Quintela— aparece como un obstáculo, que castiga a los que no forman parte del círculo oficialista.
Con esta denuncia pública, Antúnez dejó una advertencia: “Si el Municipio y el gobierno provincial siguen manejando los permisos como un botín político, ningún inversor serio pondrá un peso en La Rioja”.
