El Gobierno de La Rioja vuelve a quedar en el centro de la polémica tras confirmarse que LEDLAR S.A.P.E.M., una de las empresas provinciales de energía, fue intimada judicialmente por una deuda millonaria con el fisco nacional. La causa, iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reclama $31.288.169,18 en concepto de capital impago, además de intereses y costas judiciales.
La resolución, firmada en agosto de 2025 por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, ordena a la compañía con participación mayoritaria del Estado provincial a cancelar la deuda en un plazo de cinco días o afrontar un embargo general de fondos y valores en todas sus cuentas corrientes, cajas de ahorro e inversiones.
Una deuda que expone la mala administración provincial
La intimación a LEDLAR no solo deja en evidencia la delicada situación financiera de la empresa, sino que también golpea de lleno a la gestión de Ricardo Quintela, ya que el Estado provincial es accionista principal.
Mientras el gobierno riojano administra miles de millones diarios en concepto de coparticipación, sus empresas estatales acumulan deudas que terminan en juicios y embargos. En este caso, el monto adeudado, aunque menor al de otras compañías provinciales como Aguas Riojanas, refleja un patrón de desorden financiero, falta de control y una gestión poco transparente en el manejo de los recursos públicos.
Riesgo de impacto en los servicios
Si la empresa no regulariza la deuda, los fondos embargados podrían comprometer su funcionamiento y afectar la provisión de servicios energéticos. Esto despierta alarma en usuarios y trabajadores, quienes ven cómo las empresas del Estado riojano se transforman en focos de ineficiencia y pasivos judiciales, en lugar de cumplir con su rol estratégico.
Un nuevo frente judicial para Quintela
El caso de LEDLAR se suma a la creciente lista de problemas judiciales y financieros que enfrentan las empresas provinciales. En un contexto de creciente malestar social por la precariedad de los servicios públicos, la deuda de $31 millones y la posibilidad de embargo colocan al gobierno riojano bajo una lupa judicial y política cada vez más incómoda.El embargo contra LEDLAR no es un hecho aislado: es el reflejo de un modelo de gestión provincial donde las empresas estatales acumulan deudas, la Justicia interviene y los riojanos pagan las consecuencias con servicios deficientes y recursos mal administrados.
